En total, 23 empresas fueron cobijadas con pliego de cargos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por, presuntamente haberse cartelizado sistemáticamente en una suerte de carrusel con el cual participaron en al menos 101 procesos de contratación estatal.
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La conducta aludida cubre los años 2014 y 2017 y se habría aplicado sobre un presupuesto asignado superior a los $73.000 millones que tenía como objetivo el suministro de materiales de construcción y ferretería, pinturas, material de alumbrado, así como material didáctico y de formación profesional, entre otros.
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El perjuicio para las finanzas públicas es que el Estado pagara más por los mismos productos y servicios, siendo el sobreprecio repartido en el presunto cartel.
Entre las entidades que habrían sido afectadas estuvieron la Fiscalía General de la Nación, la Policía y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
Según la SIC, el Grupo Elite contra Colusiones y el Laboratorio Forense logró recaudar documentos físicos, correos electrónicos, chats de WhatsApp y testimonios que revelarían el modus operandi empleado.
Aparentemente, entre los presuntos cartelistas se identificaba o determinaba quiénes serían los proponentes u oferentes en cada concurso y entre ello el que quiera ser elegido para firmar contrato les ofrecía a sus competidores una suma de dinero en compensación.
“La Superindustria estableció que, en algunos casos, el pago de la ‘bolsa’, las compensaciones o pago por el retiro, se hacía a través de cuentas de cobro fachada que se presentaban por supuesta prestación de servicios de transporte entre ellos”, dijo la Súper en un comunicado.
De esta manera, los demás se abstenían de mejorar la oferta en las subastas inversas y, en consecuencia, el proponente interesado en ganar y que había pagado a sus competidores, se hacía a la adjudicación, tras el retiro de los demás. En todos los casos, las ofertas de los participantes de la práctica anticompetitiva eran muy cercanas al presupuesto previsto por el contratante, con el fin de asegurar la adjudicación al mayor precio posible en favor del proponente dispuesto a pagar la “bolsa” de dinero.
