La Contraloría General está preparando el fallo del que sería el mayor juicio fiscal en la historia del país: la imputación a 20 personas por un monto superior a US$2.400 millones por el caso de Reficar.
(El plan de Reficar para ampliar su tarea a los 200.000 barriles).
Este medio conoció que el organismo de control podría presentar próximamente el fallo para el auto de imputación de responsabilidad fiscal que expidió en junio de 2018, en el que presuntamente, y según la Contraloría, se habría presentado un “detrimento patrimonial” y un “daño fiscal por la pérdida de las inversiones realizadas en la Refinería de Cartagena durante los años 2011 a 2015”.
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Entre los imputados por presuntas irregularidades se encuentran exfuncionarios, exdirectivos y particulares vinculados a Ecopetrol y Reficar, y las multinacionales contratistas del proyecto, CB&I, Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants Inc..
Las obras para modernizar la refinería se estimaron inicialmente en US$3.777 millones, pero el costo final fue US$8.326 millones. Además, se esperaba que iniciara a funcionar en 2012, pero arrancó dos años después.
LOS PROCESOS
Actualmente la Fiscalía también avanza con otro proceso y la Procuraduría concluyó, por medio de dos fallos emitidos en 2020, “la inexistencia de conductas dolosas o culposas”, comprobó la debida diligencia de los investigados y archivó la actuación disciplinaria para 20 servidores entre miembros de la junta directiva de Reficar y otros funcionarios administrativos.
Reficar ha argumentado que los sobrecostos provienen de supuestos errados en el cálculo hecho por el contratista para planear las obras, y en 2016 la empresa presentó una demanda arbitral contra CB&I, con la que buscaba que respondiera por una presunta “negligencia contractual”, que derivó en la necesidad de ajustar la inversión en las obras, lo que afectó también el cálculo de la rentabilidad del proyecto.
La Procuraduría concluyó el año pasado que los funcionarios no fueron responsables de que se hubiera firmado un acuerdo con CB&I que permitió pagos injustificados. Sin embargo, sí sancionó a Reyes Reinoso Yáñez, expresidente y exrepresentante legal de Reficar, por el pago de facturas a CB&I, sin que se hubiese cumplido la totalidad de verificaciones.
En el caso de la Contraloría se argumenta que “se vulneró la promesa de valor de las inversiones del proyecto al pagarse mayores costos por mano de obra y subcontratos”.
De fallar en contra, los implicados tendrían que responder por el fallo fiscal y podrían quedar inhabilitados. Adicionalmente, una fuente cercana al proceso alertó sobre las implicaciones del fallo de la Contraloría sobre el proceso en el Tribunal de Arbitramento, al atribuir responsabilidades a los funcionarios.
