Según registros de la Rama Judicial, la ONG Defendemos Liga de Consumidores de Bogotá desistió de la acción de grupo, por 11 billones de pesos, que había interpuesto contra los ingenios azucareros involucrados en el cartel que sancionó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
El desestimiento fue presentado un día después de que EL TIEMPO reveló que abogados de los ingenios cuestionaron los nexos de dos exfuncionarios de la SIC –la abogada Juana Barco y el comunicador Andrés Hoyos– con Defendemos, ONG donde se desempeñaron como directivos.
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Ambos fueron enfáticos en que, durante su paso por la SIC, no tuvieron acceso a los expedientes sobre los carteles de empresarios y, por ende, no usaron ningún tipo de información privilegiada. Además, que se retiraron de Defendemos hace meses.
Sin embargo, el presidente de Asocaña, Luis Fernando Londoño Capurro, entidad que agremia a los ingenios azucareros, calificó de grave ese nexo.
“Me parece muy delicado que quienes estuvieron en la entidad que inició la investigación sean los que estén asesorando una acción de grupo contra el sector azucarero, por una suma que no me cabe en la cabeza: 11 billones de pesos. Eso implica que se ganen después, si sale adelante esta acción, un 10 por ciento de esa cuantía gigantesca”, dijo Londoño.
Según dijeron en el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá, el desistimiento de la demanda entró ayer al despacho del juez Gustavo Serrano y está a la espera de su decisión.
Al respecto, Pedro Chaustre Hernández, abogado experto en este tipo de acciones legales, aseguró que son improcedentes en casos como el de los carteles de empresarios.
“Estas buscan proteger a colectivos identificados que han visto afectados su patrimonio. En estos casos, no es posible determinar el grupo afectado y menos aún el daño individual. Ese dato solo podría establecerse si todos los sujetos que pretendieran integrar el grupo aportaran las facturas que evidencien la compra de pañales, papel higiénico o de cada kilo de azúcar, lo cual constituye una tarea prácticamente imposible”, explicó Chaustre.
No obstante, a diferencia de las acciones populares, Chaustre dijo que en las de grupo sí se puede desistir.
“Si existe un desistimiento, este se debe aceptar con las consecuencias procesales que implica, como es el pago de costas”, explicó.
EL TIEMPO buscó a los voceros de Defendamos para saber por qué presentaron el desistimiento, pero no fue posible localizarlos en los teléfonos que aparecen en la demanda.
Sin embargo, en carta a este diario dijeron que este era “un negocio legal y válido”, elaborado con información pública de la SIC. Además, que en caso de ganar el proceso, los honorarios que fije el juez “irían a la Liga, que representa a todos los consumidores afectados por las prácticas contrarias a la competencia”.
En cualquier caso, los ingenios deberán responder por la multa que les impuso la SIC: 320.000 millones de pesos. Ayer, más de 2 mil trabajadores de los ingenios marcharon en Palmira (Valle) pidiendo que la sanción se levantara.
Unidad Investigativa
