La multinacional minera AngloGold Ashanti (AGA) le sigue apostando al país y, por esta razón, tiene destinado para el 2019 un presupuesto de inversión de entre US$70 y US$75 millones para continuar con las tareas de exploración en los proyectos de Gramalote (oro) y Quebradona (cobre).
Su presidente, Felipe Márquez Robledo, en diálogo con Portafolio, subrayó que ni la suspensión de las operaciones en La Colosa y San Roque, este último en días pasado por decisión del Concejo Municipal de Jericó, serían motivo para dejar de invertir en el país.
Más, cuando llevan 15 años en Colombia y han invertido más de US$1.000 millones, operan dos proyectos declarados de interés nacional y la Corte Constitucional despejó el camino para la actividad.
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¿Cuál fue el resultado de la operación al cierre del 2018?
Es un anuncio que en las próximas semanas va a ofrecer el CEO de la compañía. Pero sin duda nos sentimos satisfechos, tanto de lo que se produjo, como por las ganancias gracias al precio internacional del oro, que viene en aumento. Esto ayudó al balance, el cual fue positivo. A nivel global, fue un buen año.
¿Y con las tareas en Colombia?
Como es una operación que está dedicada a la exploración, solo medimos la ejecución del presupuesto, así como el avance en los proyectos. En la primera variable, el monto del presupuesto invertido fue cercano a los US$50 millones y, para el 2019, se destinarán entre US$70 y US$75 millones. En la segunda variable, cerramos las etapas de los estudios que se estaban desarrollando en los proyectos de Gramalote, para la producción de oro en el municipio de San Roque, y Quebradona en Jericó, para la extracción de cobre, ambos en Antioquia.
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¿Cómo arranca la operación en el 2019?
Es un año en el que esperamos avanzar en ambos proyectos. En Gramalote la tarea es continuar con la fase de reasentamiento y el plan de consistencia con los mineros artesanales. Y en Quebradona, esperamos radicar y obtener la licencia ambiental.
¿Que espera AGA con el proyecto de La Colosa?
El proyecto está suspendido. No se ha logrado aún que la corporación ambiental otorgue los permisos requeridos.
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Los entes territoriales insisten en prohibir la minería a través de los acuerdos o con las consultas populares, a pesar del fallo de la Corte Constitucional...
Las prohibiciones a través de los acuerdos de los concejos municipales o las consultas previas,se da porque hay un descontento mayoritario de la población. Pero lo que hemos establecido con los estudios y encuestas es que la mayoría de la población en esos casos si quieren que haya una convivencia entre la minería y las actividades agropecuarias. Y también con otras actividades económicas como el turismo o la industria.
Los grupos antimineros no pueden poner a las personas contra la pared y presionar para que definan entre la actividad extractiva y otras actividades. La propuesta del sector es sincronizarlas, pueden coexistir.
¿Pero esto no lo entendió el Concejo de Jericó?
En Jericó, un grupo pequeño de personas están haciendo una campaña antiminera. Este colectivo no supera las dos docenas de individuos y el censo del municipio son 13.000 habitantes. Lamentablemente, este pequeño grupo convenció a cinco de los 11 miembros del Consejo para que aprobaran por segunda vez un acuerdo prohibiendo la minería. Así mismo lograron convencer al alcalde para que firmara ese acuerdo, contrario a la orden de la Corte Constitucional. Además, se trató de interrumpir la operación por las vías de hecho.
¿Cuál es el ambiente en los municipios mineros del país?
Los alcaldes sienten miedo y sienten presión. Lo mismo le sucede a los consejos municipales. Hay grupos antimineros que son fuertes, tienen lazos con la política y buscan imponer el falso paradigma que si hay una operación minera, no se puede desarrollar otra actividad económica.
¿El fallo de la Corte Constitucional puede destrabar la operación en el proyecto La Colosa?
Sí, se podría destrabar. Pero como compañía no estamos listos para volver a retomar la operación. Y el municipio de Cajamarca tampoco está listo para que AGA vuelva. El país necesita que se desarrollen proyectos mineros en otros lugares y que están más avanzados. No tenemos intención alguna de retomar la operación. La consulta popular dejó unas heridas que primero se tienen que cerrar y el proceso de sanación es que Cajamarca entienda lo bueno y lo malo, con o sin nuestra presencia. Lo misma reflexión tiene que hacer la compañía. Aunque el fallo nos da luz verde para volver, no es el momento de hacerlo.
Con la sentencia, ¿existe más seguridad jurídica para desarrollar una operación minera?
Lo que falta es consolidar esa seguridad jurídica. La Corte Constitucional dio la luz correcta con su sentencia de unificación. Acertó al señalar que la política sobre las actividades extractivas las dicta el Gobierno Nacional, pero bajo el principio de concurrencia con las autoridades regionales y locales. Esto da el sentido ya que el desarrollo minero debe estar en concordancia y el beneplácito de las comunidades. Para el Alto Tribunal, los municipios no pueden prohibir la minería.
Luego del fallo de la Corte Constitucional, ¿qué debe seguir?
Los proyectos mineros deben desarrollarse con diálogo y consenso, es de aceptación colectiva. Pero ahora la pregunta es: ¿cómo? Este es el paso a seguir. Entre la comunidad, ONG’s, Gobierno Nacional, regional y local, compañías y gremios se debe establecer ese mecanismo. El camino no puede ser eterno ni de unanimismos. Poner sobre la mesa los puntos alrededor del impacto y la mitigación para su debate. Y si no se puede mitigar, cómo se puede compensar. Hay que tener en cuenta la norma constitucional que el interés general prima sobre el interés particular.
¿AGA seguirá apostando por el país para continuar con su operación?
Seguimos apostándole a Colombia. Llevamos 15 años, hemos invertido US$1.000 para desarrollar nuestra operación. Confiamos en el país.
Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio
