Los problemas de distribución y suministro del Aguardiente Amarillo de Manzanares que se están presentando en la zona central del país, han dado paso a un ‘pulso’ regional entre la Industria Licorera de Caldas (ILC), empresa que produce esta bebida, y la Gobernación de Cundinamarca.
La historia detrás de esta disputa comenzó el pasado 06 de junio cuando la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria adscrita a la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca expidió la Resolución 797, un documento que revoca un permiso previamente otorgado para el ingreso y venta de este producto en el departamento.
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En respuesta a esta revocatoria, la ILC anunció que presentará una acción judicial para pedir la nulidad de este acto administrativo.
En Colombia, para que las licoreras puedan vender sus productos en otros departamentos requieren un permiso por parte de las gobernaciones.
En el caso de la Industria Licorera de Caldas, en 2017 Cundinamarca le otorgó esta autorización a la empresa por un término de 10 años.
Dos años después, el 10 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria Departamental le concedió a la ILC el Permiso de Introducción de Licores Destilados, con el cual le permitía la adición de uno de sus producto insignia, el Aguardiente Amarillo, a la bodega de rentas de la compañía.
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Es decir, tras verificar que la firma contaba con los requisitos necesarios, se le dio luz verde para la comercialización y almacenamiento de este producto en el territorio de Cundinamarca.
El mismo documento, al cual tuvo acceso Portafolio, también señala que la sociedad comercial encargada de la distribución del producto debía ser notificada sobre los puntos establecidos en el acto administrativo por el que se otorgó el permiso.
Permiso otorgado a la ILC en 2019
Documento proporcionado por la Industria Licorera de Caldas
Según explicó la compañía caleña, la ley de licores señala que “estos permisos no podrán ser discriminatorios ni podrán generar barreras de acceso ni restricciones arbitrarias al libre comercio ni al principio de libre competencia”
En otras palabras, estas autorizaciones se aplicarán de manera general para todas las empresas que pretendan ingresar aguardientes a distintos territorios.
Con la expedición de la Resolución 797, el permiso que se le otorgó a la ILC para la distribución del Aguardiente Amarillo quedó cancelado.
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En ese sentido, Andrés Elías Borrero, gerente general de la Industria Licorera de Caldas, señaló que la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca no informó con antelación esta decisión y tampoco siguió el proceso establecido por la ley para anular la autorización.
“La revocación del permiso se hizo de manera arbitraria, pues no se siguió el proceso de ley para tal fin, afectando el derecho al debido proceso, al no haber solicitado el permiso escrito y expreso para la cancelación del permiso”, indicó.
Además, la empresa ha señalado que tampoco se otorgaron los recursos de apelación y reposición, para poder controvertir esta medida.
Aguardiente Amarillo.
ILC
De acuerdo con la Ley 1816 de 2016, los departamentos están facultados para suspender o revocar los permisos para la introducción de aguardiente, nacional o extranjero, en sus respectivas jurisdicciones. Siempre y cuando se incurra en alguno de los puntos establecidos por la normativa.
Es por esto que la ILC también decidió tomar medidas legales para establecer cuáles fueron las causas que llevaron a la revocatoria del permiso.
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El diario EL TIEMPO consultó con la Gobernación de Cundinamarca y confirmó que, como todos los departamentos, ellos se acogieron a la norma de monopolios desde 2019 y que, por ejemplo, en Caldas, no venden aguardiente de Cundinamarca.
Frente esto, el medio explicó: "El objeto del monopolio como arbitrio rentístico sobre los licores destilados es el de obtener recursos para los departamentos, con una finalidad social asociada a la financiación preferente de los servicios de educación y salud y al de garantizar la protección de la salud pública".
PORTAFOLIO
