El ingreso de nuestro país al Club de las mejores prácticas de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) después de cinco años de preparación para la revisión rigurosa de expertos en 23 comités temáticos como comercio, política fiscal, educación, entre otros, representa un verdadero triunfo para todos los colombianos. Sin embargo, como en todo club, se requiere que los socios – en particular los empresarios como eje de nuestra economía – comprendan tanto los beneficios como los compromisos y desafíos que surgen de este nuevo privilegio, que por ahora solo compartimos con Chile y México en América Latina.
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Dentro de los beneficios para el sector empresarial se pueden mencionar:
• Mayor confianza de nuestros empresarios en el diseño e implementación de políticas públicas en Colombia, las cuales cuentan no solo con la experiencia de las mejores prácticas de los otros países socios sino, por supuesto, con el acompañamiento de un equipo de trabajo técnico e imparcial de la Ocde, el cual ha realizado durante varias décadas un análisis muy significativo de nuestra realidad latinoamericana.
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• Consolidación de la inserción de la economía colombiana en los mercados internacionales con efectos incluso en el corto plazo en términos de comercio e inversión extranjera, que representan mayores oportunidades para el sector empresarial. Adicionalmente, una disminución del costo de la financiación pública ante la mayor confianza internacional generada por la aplicación de políticas públicas con mayor credibilidad, gracias a la “Marca Ocde”.
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• Tendencia a la disminución de la corrupción en Colombia ante las políticas de transparencia en la administración pública, acompañada de mayor confianza de los empresarios en la optimización del uso de los recursos del Estado. Un buen ejemplo son las prácticas de gobierno corporativo en el sector público relacionadas con la participación de los Ministros en las juntas directivas de las empresas estatales y la inclusión de miembros independientes.
• Consolidación de una Hoja de Ruta para el país a partir de la definición de unas políticas públicas de largo plazo que conduzcan tanto a un mayor bienestar como a un crecimiento económico sostenible, la cual debe ser evaluada periódicamente con criterios técnicos para realizar los ajustes necesarios y asegurar los resultados esperados.
Por otra parte, algunos de los principales compromisos que surgen para los empresarios son:
• La definición de las políticas públicas requiere de un debate previo entre diversos actores del país, como son los partidos políticos, los miembros del Congreso, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y los educadores, entre muchos otros. En una sociedad tan polarizada políticamente como la nuestra, la participación del sector empresarial resulta trascendental, no solo por la confianza que genera, sino también por su capacidad para crear los consensos necesarios con rigor técnico y viabilidad económica, con los cuales sea posible la consolidación de esa Nación en la que todos queremos convivir, a pesar de nuestras diferencias.
• Sin duda, la brecha entre la formulación y la implementación de las políticas públicas es compleja de cerrar, dadas las limitaciones propias del sector público. El sector empresarial debe contribuir en la formulación e incluso en el desarrollo de programas que permitan implementar la política pública, de manera que ella contribuya a convertir los sueños de los colombianos en una realidad.
• Si alguien conoce bien el país son precisamente los grandes, medianos y pequeños empresarios, quienes a través de la generación de bienes y servicios, crean empleo y riqueza. Su comprensión del territorio y de la realidad nacional facilita el proceso de articulación de las buenas prácticas internacionales recomendadas por la Ocde a nuestro contexto y, por supuesto, contribuye a que realmente puedan dar respuesta a las demandas de los ciudadanos.
Finalmente, dos grandes desafíos son:
• El ingreso a la Ocde coincide con la coyuntura de cambio de gobierno en Colombia, lo cual genera profundas discusiones políticas. Se espera un criterio técnico en los nuevos miembros del gabinete y equipo de trabajo del Presidente, quienes, dada su vocación política entendida como la búsqueda del bien común, deben asumir la responsabilidad en la ejecución de la hoja de ruta definida de acuerdo con las recomendaciones de la Ocde, bajo la mirada crítica de los empresarios, para el cumplimiento de la agenda establecida.
• La violencia de los grupos al margen de la ley permanece, como se evidencia en los recientes asesinatos de líderes sociales, el aumento del narcotráfico y el crecimiento de bandas delincuenciales. Si bien es cierto que toda fuente de violencia debe ser combatida con rigor por parte del Estado, tanto con la autoridad como con la soberanía que todos reconocemos, el gobierno, con la contribución de los empresarios, no puede perder el foco en la generación de reformas que tanto necesita nuestro país para lograr una mayor equidad.
Es importante destacar que el cumplimiento de las expectativas que tenemos con el ingreso a la Ocde requiere de un liderazgo solidario, en donde todos los actores del país y, en particular, los empresarios, podamos acompañar al nuevo Presidente, ofreciendo nuestra contribución, incluso con mucho más de lo que nos corresponde, lo que le permitirá tomar con plena legitimidad las decisiones necesarias a favor de todos los colombianos.
Alejandro Cheyne
Decano de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario.
