Este martes, la Corte Constitucional falló a favor del desarrollo de la consulta popular minera en el municipio de Marmato (Caldas). Esta segunda revisión realizada por el alto Tribunal le dio la razón a comunidades afrocolombianas e indígenas, que pidieron ser tenidos en cuenta frente a la decisión del Gobierno Nacional de entregar la parte alta del cerro El Burro a la explotación aurífera de Gran Colombia Gold.
Esa minera puede seguir explotando la parte baja de la montaña, pero la decisión judicial deja sin piso la orden de desalojar 68 minas artesanales y tradicionales que están arriba y que son explotadas por esas poblaciones.
"Eso es lo que se esperaba hace mucho rato y lo que ha debido hacer el Gobierno Nacional, primero la consulta previa", indicó el alcalde Julio Vargas Chica, luego de enterarse de la noticia. El mandatario local se ha resistido a llevar a cabo órdenes de desalojo contra por lo menos 13 minas y es considerado opositor de la multinacional.
FALLO CREA INSEGURIDAD JURÍDICA
Tras conocerse la decisión, Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), afirma que las empresas petroleras y de minería ven que dicha decisión pone en riesgo sus operaciones en el país.
“El panorama tiene grandes nubarrones en la relación jurídica entre lo local y la nación, como es el caso de las consultas previas”, afirma Santiago Ángel Urdinola, quien dice que el fallo del Alto Tribunal, dictado en las últimas horas, crea un vacío al ordenar la consulta popular tras haberse expedido el título minero para la operación de la mina hace más de 10 años.
Pero no solo la inseguridad jurídica por las consultas populares son preocupaciones del sector minero. En una declaración conjunta, los voceros de los gremios del sector de minería, energía, gas, petróleo y servicios públicos le solicitaron al Estado trabajar en la construcción de un sistema de estabilidad jurídica que permita contar con reglas de juego claras, que permitan al sector privado jugar su papel en la generación de desarrollo económico y social.
“Manifestamos nuestra preocupación por la desarticulación entre las competencias del Estado y las entidades territoriales. Así mismo, por la ausencia de mecanismos que otorguen estabilidad jurídica a las inversiones, la contradicción en los pronunciamientos judiciales y el ejercicio extralimitado de los mecanismos de participación ciudadana”, señala la citada declaración emitida la semana pasada.
Desde el Estado, también existe una preocupación por el tema de las consultas populares.
Silvana Habib, presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), señaló en varios escenarios que las sentencias de los altos tribunales paralizan los trámites por falta de claridad en los fallos y dificultad jurídica en su cumplimiento.
