Según la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, existen pruebas suficientes para concluir que las empresas Argos, Cemex y Holcim sí hicieron acuerdos para fijar precios de sus productos y repartirse mercados entre los años 2010 y 2012 en el país.
(Lea: Tres compañías se cartelizaron para manipular precios del cemento, SIC)
Por eso, tras concluir su investigación por presunta cartelización, en el informe motivado que le envió este jueves al superintendente Pablo Felipe Robledo, el jefe de esa dependencia, Jorge Enrique Sánchez, le recomienda sancionar a las compañías así como a siete altos directivos de estas.
Y si bien no existe la obligatoriedad de que este tipo de conceptos sea atendido, en todos los demás casos de investigaciones por violación a las normas de libre competencia, Robledo sí ha fallado acorde con el criterio de su subalterno especializado en ese campo.
Si así ocurre, las multas contra cada una de las compañías podrían llegar hasta los $140.000 millones ($70.000 millones por cada uno de los cargos) y a los $1.400 millones contra las personas que sean halladas responsables.
Específicamente, el informe menciona a José Alberto Vélez, Jorge Mario Velásquez, Íngrid Restrepo y Adriana María Rodríguez, de Argos; a Carlos Jacks Chavarría, de Cemex, y Miguel Ángel Ruvacalba y Jaime Antonio Hill, de Holcim.
De acuerdo con el expediente, los investigadores encontraron que las tres empresas incrementaron sus precios simultáneamente y prácticamente en los mismos porcentajes. Y cuando les preguntaron el porqué, a juicio de la entidad de control, las respuestas no fueron satisfactorias.
Tras conocer este texto, los implicados tienen 20 días hábiles para hacerle observaciones. Luego se reunirá el Consejo Asesor de Competencia, que es un órgano consultivo externo de altísimo nivel para la Superindustria con el fin de emitir un concepto que le entregan a Robledo.
Fuentes cercanas al tema le confirmaron a Portafolio que la sentencia al respecto debe darse antes de que finalice este año, pues de lo contrario, podrían incurrir en caducidad por cumplirse cinco años después de la conducta indagada.
“Argumentar paralelismo de precios sobre un análisis estadístico de unas series de precios de 36 meses, en un periodo de alto crecimiento de la demanda en una economía en expansión, no es apropiado”, expresó Argos mediante un comunicado en el que reiteró que “no incurre ni ha incurrido en ningún tipo de cartel ni prácticas restrictivas de la competencia, y actúa en las geografías donde opera bajo premisas de transparencia y competencia leal”. Dijo además que presentará sus argumentos ante el organismo de control. En el mismo sentido se pronunció Holcim.
Finalmente, Cemex Colombia explicó que una vez sea expedida la resolución por parte del Superintendente, mediante la cual decida si hay lugar o no a la imposición de sanciones, acudirá a la vía administrativa para presentar recurso de reposición contra dicha resolución, en caso de que le fuese adversa.
