La Superintendencia de Transporte abrió investigación y formuló pliego de cargos, en contra de los miembros de la Junta Directiva de la Terminal de Transportes de Villavicencio S.A., por presuntas irregularidades en la emisión y colocación de sus acciones de reserva que se llevó a cabo desde el 3 de diciembre de 2019 hasta el 25 de febrero de 2020, presuntamente, afectando la transparencia, buena fe, imparcialidad y el trato equitativo para con los demás socios de la Terminal.
Según el Superintendente de Transporte, Wilmer Arley Salazar Arias, “en este caso, en particular, aunque la emisión y colocación de acciones en reserva en principio es legal, el procedimiento utilizado para ello, presuntamente, sucedió con irregularidades. El presunto desconocimiento normativo y estatutario de los directivos del Terminal pudo generar afectaciones al trato equitativo que debe existir entre los socios, la transparencia, la buena fe y la imparcialidad”.
A raíz de la denuncia presentada por la Contraloría Municipal de Villavicencio, por el presunto quebrantamiento de los estatutos de la Sociedad Terminal de Transportes de Villavicencio S.A., por parte de los miembros de la Junta Directiva y el representante legal, con respecto a un proceso de emisión de acciones adelantado por parte de la sociedad en mención, se abrió la investigación.
La Dirección de Investigaciones de la Delegatura de Concesiones e Infraestructura encontró presuntas irregularidades como el incumplimiento del término de 5 días para poner en conocimiento de forma previa el reglamento de emisión y colocación de acciones en reserva a los asociados, así como no haber notificado a los demás socios de la Terminal con anterioridad, sobre esta acción.
Además, presuntamente, se llevó a cabo la capitalización de la sociedad sin que la Asamblea General de Accionistas hubiera adoptado tal decisión, sumado a la negativa de suspensión del proceso de emisión y colocación de acciones en reserva que se solicitara en su momento, a lo cual se le suma el posible bloqueo jurídico del ejercicio del derecho de preferencia del municipio de Villavicencio, generando una presunta capitalización abusiva de la sociedad, que terminó por disminuir la participación accionaria de algunos particulares y la pérdida del control de la sociedad por parte del municipio.
Primer Cargo: contra el representante legal, por un presunto incumplimiento del término de 5 días de antelación para comunicar la emisión y colocación de acciones de reserva, al desconocer el deber de actuar de manera equitativa frente a todos los accionistas, establecido en el artículo 23 numeral 6 de la Ley 222 de 1995, así como en el deber de dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, previsto en el numeral 2 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995.
Segundo Cargo: contra el representante legal y los miembros de la Junta Directiva que asistieron y votaron por una presunta capitalización de la sociedad sin que la Asamblea lo hubiese aprobado.
Tercer Cargo: contra el representante legal y los miembros de Junta Directiva que asistieron y votaron de manera negativa en cuanto a la suspensión del proceso una vez el solicitante evidenció algunas presuntas irregularidades.
Cuarto Cargo: contra el representante legal y los miembros de Junta Directiva que asistieron y votaron en las reuniones 008 y 009 de 2019, y respecto de los miembros de Junta Directiva que votaron negando la solicitud de suspensión del municipio de Villavicencio, bloqueando jurídicamente el derecho de preferencia del municipio de Villavicencio en un escenario de capitalización abusiva de la sociedad.
Quinto Cargo: contra el representante legal y los asistentes a las reuniones de Junta Directiva que votaron negando la solicitud de suspensión del municipio de Villavicencio, generando una capitalización abusiva de la sociedad y el abuso del derecho de los socios.
En caso de encontrarse responsables los miembros de la junta directiva de la Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, para la época de los hechos en mención, serían sancionados con multas de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el art. 86.3 de la Ley 222/95.
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