El pasado 15 de junio, la multinacional española Gas Natural Fenosa demandó formalmente al Estado Colombiano ante los tribunales de arbitraje internacional por la intervención que hizo en su momento el Gobierno nacional de Electricaribe.
En el reclamo, la empresa europea, que lidera Francisco Reynés, busca una indemnización por US$1.626 millones como compensación.
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La acción fue interpuesta ante el tribunal de justicia internacional de La Haya y en la citada fecha, ya que era el último día establecido para presentarla.
La multinacional española argumenta acciones y omisiones del Estado Colombiano que llevaron a la insolvencia de Electricaribe, que según esta empresa, constituye una violación a la obligación de trato justo y equitativo.
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Así mismo, asevera Gas Natural Fenosa que el Estado colombiano expropió a la electrificadora por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios).
La organización ibérica resalta que tanto las acciones y omisiones, como la expropiación, son una violación del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones, firmado en 2007 por Colombia y España.
Colombia tiene plazo hasta noviembre de este año para presentar los argumentos jurídicos. Y las tareas están en manos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que tiene el caso desde la tercera semana de junio.
La defensa de Colombia en este caso es liderada por Sidley Austin.
Los árbitros que harán parte del proceso ya fueron designados. El defensor de la multinacional española será Eric Schwartz y por el Estado colombiano se designó a Alexis Moore.
Cabe recordar que Electricaribe fue intervenida por la Superservicios el 16 de noviembre de 2016 aduciendo deficiencias en la prestación del servicio, falta de capitalización para modernizar la infraestructura y el no pago de las obligaciones.
Así, cuatro meses después (14 de marzo de 2017), como lo dictan las normas en servicios públicos en Colombia, la Superservicios ordenó la liquidación de Electricaribe, una empresa de la cual toda la región Caribe dependía para recibir electricidad y de la que Gas Natural Fenosa tiene el 85 % de las acciones.
“El Gobierno aseguró que era evidente que la compañía no podría seguir respondiendo ante los usuarios y por eso la liquidó y comenzó el proceso para encontrar un inversionista nuevo”, aseguró Camilo Silva, de Valora Analitik.
Ante la intervención, Gas Natural Fenosa presentó meses después la respectiva demanda ante el Tribunal de Arbitramento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi).
“El caso de Electricaribe causó además un remezón en el sistema financiero nacional que debió ejecutar millonarias provisiones para cubrir los préstamos entregados a Gas Natural y cuyos pagos fueron incumplidos”, indicó la fuente de Valora Analitik.
