En los últimos días, el almacenamiento del arroz, de uno de los productos básicos de la canasta familiar, viene evidenciando el tire y afloje entre el Gobierno y el gremio arrocero por el futuro del incentivo que cubre al grano desde 1997.
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En una carta enviada por la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), se le pide a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, citar cuanto antes al Consejo Nacional del Arroz, con el fin de definir las condiciones bajo las cuales operará el incentivo de almacenamiento del grano para la cosecha del segundo semestre del 2023.
Sin embargo, hasta la fecha, según el gremio, se sigue al pendiente de la definición al respecto por parte de la cartera de Agricultura.
En términos generales, el objetivo de este incentivo es financiar el almacenamiento de los excedentes que se dan en la cosecha de abril y mayo, que es la más grande en el país, “con la tarea de garantizar los niveles racionales de la comercialización del grano y evitar una quiebra que afectaría directamente al productor”, destaca la Federación.
Ahora bien, el debate gira en torno a la definición de cuánto será el incentivo y de cuánto arroz se va a almacenar este año.
Con base en estimativos de Fedearroz, durante el segundo semestre de este año va a ser necesario almacenar cerca de 275.000 toneladas de arroz pady seco, que servirán para garantizar la demanda del grano en el primer semestre del próximo año, cuando sale la cosecha más pequeña.
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El costo de este almacenamiento se estima en un promedio de $51.000 por tonelada, lo que representaría una inversión de unos $61.000 millones, “considerando que el incentivo debe operar entre los meses de agosto y diciembre”, explica Fedearroz.
Adicionalmente, el gremio explicó que al analizar el periodo el primero de abril a la primera semana de junio de 2023, el decrecimiento de los precios ha rondado el 12%, teniendo en cuenta que no solo se están cubriendo los costos de producción, que permanecen volátiles por los diferentes movimientos macroeconómicos y geopolíticos a nivel mundial.
Cabe destacar que Fedearroz se atribuye el buen comportamiento de la producción para garantizar la seguridad alimentaria.
De acuerdo con la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica, ya se ha iniciado la discusión en torno a la determinación al incentivo del almacenamiento con Fedearroz, las juntas, los capítulos regionales e incluso con productores que han sido delegados desde las distintas regiones arroceras.
Sin embargo, explicó en medio de una ronda de preguntas que “este es un mecanismo que lleva bastantes años, en los que no se ha logrado suplir las necesidades que generan las siembras no planificadas del arroz. Entonces no puede ser que cada dos años estemos en la misma historia de una sobrecosecha”.
La jefe de la cartera añadió que “desde el Ministerio vamos a hacer todo lo necesario para aliviar a los productores que son nuestra preocupación, pero no vamos a seguir estimulando un incentivo que no ha solucionado nada. Tenemos que transformarlo en un trabajo conjunto”.
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A su turno, Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz, le manifestó a Portafolio que el Ministerio dice que se deben guardar 107.000 toneladas de arroz y ofrece $7.000 millones.
“Si no hay ese incentivo para sacar parte de la cosecha del mercado, puede haber un descalabro muy grande para los agricultores y se puede presentar en las siguientes cosechas un desincentivo a los productores que dejen de sembrar”, apuntó.
Por otra parte, Andrés Valencia, exministro de Agricultura, aseguró que el incentivo de almacenamiento es el único instrumento que hoy existe en la política agropecuaria que permite amortiguar la caída de los precios del cereal.
“El Ministerio tiene que monitorear los precios del arroz a partir de agosto-septiembre de este año para ver qué tanto van a caer, pues con seguridad lo harán. Tendrá que analizar el cierre de inventarios y la oferta del primer semestre de 2024. Es probable que lleguen importaciones de Perú y Estados Unidos”, sostuvo.
Rafael Hernandez destacó que si se prevé un fenómeno del Niño, puede existir una disminución en la oferta de alimentos, hecho que sería un desestímulo a los productores que tengan que ofrecer arroz a menor precio.
“Si hay una sobreoferta la única consecuencia es para los empresarios. El Gobierno piensa que eso va a causar una baja en los precios y se va a controlar la inflación”, concluyó.
De acuerdo con Alberto Mejía, presidente de la Junta Directiva de Fedearroz, la importancia de este incentivo se radica en el apoyo que le da el Gobierno a los productores para mitigar el impacto negativo que traen los excedentes de arroz, razón por la cual el precio del cereal cae.
“En caso de que el incentivo no se dé, queda a libre mercado la producción de arroz en el país, al punto en que la industria por exceso de oferta baja el precio”, destacó el directivo.
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Adicionalmente, explicó que bajar el precio significa que los productores y los agricultores trabajen a pérdida la operación. “No va a haber un precio que esté acorde a los costos de producción de los productores, se va a perder mucha plata y va a haber una situación muy crítica”, dijo.
DIANA K. RODRÍGUEZ T.
Periodista Portafolio
