El Grupo Familia pidió disculpas por su participación en el llamado ‘cartel del papel higiénico’ reconociendo los hechos de que se le acusan, en una investigación que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre el caso.
La empresa comunicó la suspensión indefinida de su gerente general Darío Rey Mora hasta que la junta directiva evalúe su responsabilidad y nombró como gerente interino a Andrés Felipe Gómez Salazar, quien se desempeña como Gerente Corporativo de Manufactura.
También informó que solicitó a la SIC y fue admitida en el programa de delación de la entidad y que durante la investigación dos de sus empleados han sido despedidos.
“Debido a las obligaciones de confidencialidad inherentes a las investigaciones, nos abstuvimos de pronunciarnos públicamente hasta ahora. Con la publicación del informe motivado del Superintendente Delegado, dicha obligación de reserva ya no aplica”, explicó la empresa en un comunicado.
La firma aseguró rechazar dichas prácticas que “cometieron en el pasado algunos de sus directivos y otros empleados” y destacó la investigación de la SIC sobre el caso.
“Estos errores no reflejan el origen de la compañía ni sus logros alcanzados a lo largo de más de cinco décadas (…) somos conscientes de la desilusión que esta situación causa entre quienes nos han entregado su confianza y lealtad”, agregó la firma.
El ‘cartel del papel higiénico’ es un presunto acuerdo de precios y prácticas restrictivas de empresas que compiten en el sector y que vincula a Colombiana Kimberly Colpapel, Productos Familia, Papeles Nacionales, Cartones y Papeles del Risaralda, y Drypers Andina.
El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo tiene en sus manos un informe motivado del delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez, que marcaría la pauta de un posible fallo con relación al tema.
El texto recomienda “declarar administrativamente responsables y sancionar” a las cuatro primeras, así como a 21 de los 42 cargos relacionados con ellas que fueron investigados. Asimismo, exonera a la última de las firmas.
Si el concepto es acogido, las multas podrían ir hasta casi 69.000 millones de pesos por compañía y 1.378 millones de pesos para cada persona involucrada.
