La firma Carvajal sería la más perjudicada y Kimberly Colpapel, la más beneficiada, si el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, acoge el concepto que le acaba de enviar el delegado de Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez, acerca de la presunta cartelización de tres empresas para controlar el mercado de los cuadernos.
En el informe motivado que elaboró al final de una investigación que inició oficialmente el 27 de febrero del año pasado, Sánchez le recomienda a su jefe declarar responsables a Carvajal Educación, Colombiana Kimberly y Scribe de hacer acuerdos para manipular el mercado de los cuadernos. Las multas serían de casi 69.000 millones de pesos para cada una y de hasta 1.378 millones para 24 empleados de rangos medios y altos que habrían participado en la conducta irregular.
No obstante, a Kimberly la librarían de toda la sanción por haber dado información valiosa en la resolución del caso. Si le aprueban el perdón, sería el segundo y se estaría salvando de pagar en total hasta 138.000 millones de pesos. La semana pasada el mismo Sánchez entregó otro informe sobre el supuesto cartel del papel higiénico, donde hace responsable a esta empresa pero también plantea el que se le deje sin sanción, porque esta vez también fue la primera en delatar a las demás involucradas (Familia, Cartones y Papeles de Risaralda y Papeles Nacionales).
El presunto cartel de los cuadernos, según el Delegado, habría operado entre el 2001 y principios del año antepasado.
La Súper recabó testimonios, correos electrónicos, agendas y otro tipo de documentos que indican que en principio el acuerdo habría sido entre Carvajal y Kimberly, pero en el 2011 la segunda de las firmas le vendió su línea de cuadernos a Scribe, “quien continuó con el referido acuerdo hasta inicios del 2014”.
El pacto habría comprendido varios aspectos: “fijación de precios de los cuadernos premium a través de porcentajes de descuento de acuerdo con cada cliente y canal, establecimiento de precios mínimos para los económicos e intermedios, una política que evitaba descuentos al consumidor final, reclasificación de clientes y fijación de descuentos máximos para cuadernos obsoletos. También habrían definido dejar de otorgar obsequios al cliente final, que antes se expendían con los cuadernos.
Incluso, habrían concertado la reducción de las promotoras en los puntos de venta y la no compra de espacios adicionales en supermercados de cadena, como manera de ahorrar en inversiones y no competir entre ellas.
Los investigados tendrán 20 días hábiles para defenderse. Luego, un comité de expertos aportará su puntos de vista antes de que el Súper dé su veredicto. “Kimberly-Clark Colombia reitera que continuará ofreciendo a la SIC su total y absoluta cooperación dentro de la mencionada investigación”, dice un comunicado conocido por este diario. Carvajal no quiso pronunciarse.
LAS PRUEBAS QUE DEBERÁN REFUTAR LOS IMPLICADOS
“De la reunión con las personas de Kimberly de la semana pasada quedó (sic) como objetivo principal el promover el aumento de precios en Venezuela, Colombia y Ecuador”, dice un correo del 18 de febrero del 2002, que habría sido remitido por el Gerente de Operaciones de Carvajal a varios directivos de la misma empresa.
Pero también hay copias de agendas que dan cuenta de reuniones entre las partes, listados de productos y precios que intercambiaban, entre otras pruebas.
