Colombia no puede desconocer los derechos que da una patente, cualquiera que esta sea.
Así lo asegura el Centro de Estudios de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, al referirse al caso de la decisión tomada por el Ministerio de Salud de Colombia respecto al producto Glivec.
De acuerdo con el análisis de Anif, esta situación es aún más compleja si se tiene en cuenta que está de por medio la vigencia de varios tratados internacionales y TLC que podrían ver en ello una violación del derecho de la patente en Colombia (como en el caso del laboratorio Novartis).
Anif sostiene que frente a esta polémica pública han existido dos posiciones algo extremas. De una parte, ha campeado la visión populista de intentar desconocer los derechos que da una patente, expresión crucial del sistema capitalista que ha impulsado el desarrollo a través de premiar la Investigación y Desarrollo (I&D), bien sea con la invención del telégrafo, la energía, los iPhones o los medicamentos.
El ente investigador señala que a través de una patente se les permite a los inventores recuperar el capital invertido, lucrarse y hasta profundizar sus esquemas de I&D proveyendo nuevos inventos. “Desconocer este derecho internacional es equivalente a desconocer los tribunales internacionales en disputas territoriales cuando ‘expost’ se enteran quienes lo habían invocado que el fallo les fue adverso”.
Agrega que la importancia de las patentes es particularmente relevante en el sector farmacéutico.
El centro de estudios dice, además, que la otra posición extrema la han esgrimido algunos laboratorios farmacéuticos al señalar que “mientras no haya escasez del bien amparado por la patente” entonces el Estado no podría intervenir. “Esta es una visión algo obtusa, precisamente cuando están de por medio vidas humanas. No ayudan a resolver tan compleja situación las amenazas, desde el Congreso de EE. UU., de ‘congelar’ la aprobación de recursos pro paz para inducir a las autoridades nacionales a cumplir los derechos que da una patente”.
En concepto de Anif,. “le corresponde al Estado pagar y/o negociar con los propietarios de la patente la reducción de dichos costos. Otra opción es la importación de medicamentos genéricos similares y a más bajo costo, alternativa que aparentemente no ha sido bien concebida por el Estado colombiano en estos contratos"‘El país debe respetar las patentes’
Además, el centro de estudios hace referencia al reciente Foro Farmacéutico de la Andi, donde se discutieron temas estructurales relativos a la sostenibilidad del sector salud. “Anif alertó, una vez más, sobre los riesgos de insostenibilidad fiscal del sector salud, por cuenta de una Ley estatutaria que ha validado dos problemáticas estructurales:
1) Universalización y homologación de los servicios; y 2) preocupante inclinación hacia un fondeo ‘subsidiado’ y con pagos determinados cada vez más por el lado de la oferta (IPS), en vez de “competencia” por el lado de la demanda.
