Los diferentes socios de la empresa Medimás, que desde hace más de un año estaba al frente de los usuarios de Cafesalud (antes Saludcoop), demandarían al Estado por presunto pánico económico.
Esto, luego de que la Procuraduría General de la Nación informara que la agente liquidadora de Saludcoop, Angela María Echeverri, tomara la decisión de revocar la venta de Cafesalud, ante los reiterados incumplimientos de los compradores, que han sido denunciados en repetidas ocasiones por el Ministerio Público.
En respuesta al requerimiento hecho por el Procurador Fernando Carrillo, para que se tomara esta decisión, la liquidadora y la Junta Directiva de Cafesalud acogieron la petición de revocatoria de la venta y terminación del contrato que trasladó las acciones al consorcio Prestasalud, y de los contratos de arrendamiento de las clínicas, a través de las cuales Esimed opera como red Medimás.
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Esta decisión está condicionada a que la Superintendencia de Salud adopte las medidas necesarias para garantizar el aseguramiento y la continuidad de la atención a los más de 4 millones de afiliados que tiene la EPS.
Para ello, esa entidad adoptará un plan de contingencia gradual, para que en los 29 departamentos donde tiene presencia Medimás se garantice la cobertura en la atención de los afiliados y sus beneficiarios.
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“El Ministerio Público, a través de sus 84 procuradores regionales, provinciales, distritales y los personeros en más de 1.000 municipios en el país, hará una gran ‘toma por la salud’ para vigilar la continuidad en la prestación de los servicios y que a los usuarios no se les traslade la responsabilidad de adelantar trámites que dilaten la atención, que afecten la continuidad de los servicios o incluso que pongan en riesgo sus vidas”, aseguró la Procuraduría en un comunicado.
Y agregó que Medimás tiene la obligación de dar continuidad a los servicios y garantizar la atención de todos los usuarios durante la transición de los afiliados a otras EPS. Para esto, hoy mismo comenzará a sesionar una ‘sala de crisis’, encabezada por el Gobierno Nacional, y que reunirá, también a las empresas promotoras de salud, con el fin de definir la hoja de ruta en este periodo de transición.
Uno de los incumplimientos que más preocupa a la Procuraduría tiene que ver con el cierre de ocho clínicas de las 19 que integra Esimed, sumado a la falta de pago de los cánones de arrendamiento, deuda que asciende a más de $32.000 millones de pesos, así como a la falta de condiciones para la debida atención de los usuarios.
DEUDA EN LA COMPRA
Como lo afirma la respuesta al requerimiento de la Procuraduría General por parte de la liquidadora, en relación con el cronograma de pago de las acciones de Cafesalud, suscrito en julio y agosto del 2017, los compradores se encuentran en mora de más de 90 días, habiendo hecho un último pago parcial en el mes de julio, lo que ubica la deuda en más de $74.101 millones, eso sin incluir los intereses de mora correspondientes.
Frente al contrato de compraventa de las acciones de Esimed no se ha hecho un solo pago por este concepto, por lo que a la fecha la deuda total asciende a $17.500 millones, más intereses de mora, obligaciones que se harán exigibles mediante las garantías que soportaban los pagos.
Los incumplimientos desde el punto de vista económico ascienden a más de $125.000 millones, sin contar intereses.
Desde antes de la adjudicación de la venta, la Procuraduría alertó que los virtuales compradores no contaban con el músculo financiero, ni con la experiencia suficiente para asumir el aseguramiento de los afiliados que venían de Cafesalud.
“Hoy la liquidadora le da la razón a la Procuraduría y adopta estas decisiones, dirigidas a hacer valor el orden jurídico, proteger los recursos del sistema y ante todo, garantizar el derecho a la salud como lo ordena la Constitución Política del país”, concluyó el Ministerio Público.
