El tribunal Superior de Bogotá revocó la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que, en diciembre pasado, ordenó a la compañía estadounidense Uber suspender su servicio en Colombia, al considerar que la plataforma incurrió en competencia desleal.
(Día sin IVA prende las alarmas por posibles contagios de coronavirus).
El 20 de diciembre de 2019 la SIC sancionó a Uber, al resolver una demanda que interpuso la compañía Cotech S.A, que presta servicios de telecomunicaciones a una empresa de taxis, lo que obligó a la plataforma internacional a salir del país a comienzos de este año.
La compañía retomó su operación en febrero con otro modelo, pues no había hasta ese momento soluciones concretas, al tiempo que los taxistas pidieron entonces que se bloqueara la aplicación al considerar que constituía una forma de “competencia desleal”que no seguía las regulaciones de las empresas de transporte.
(Revocan sanción que ordenó suspender el servicio de Uber en Colombia).
Esto hasta este viernes, cuando el Tribunal argumentó que el plazo de dos años para que los taxistas demandaran a Uber ya había vencido, razón por la cual ordenó “declarar probada la excepción de prescripción extintiva propuesta por la parte demandada”.
Así, ese tribunal dio por terminado y a favor de Uber el proceso de apelación, decisión que, no obstante, no resuelve el debate de fondo sobre las supuestas irregularidades de la plataforma para operar en Colombia.
OTRO RETORNO
En febrero, la plataforma decidió, tras la determinación de la SIC, volver a prestar sus servicios
El ‘nuevo Uber’ de febrero aplicaba a la solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio como un alquiler de un vehículo con conductor.
Además, inició un proceso jurídico por considerar la sanción una medida “arbitraria”, pues iba “en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales de dos millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de 88.000 socios conductores registrados en la aplicación de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias”, argumento la plataforma.
De esta forma, la empresa determinó que hará una revisión detallada del fallo para “definir sus próximos pasos, particularmente en lo relacionado con el modelo disponible en Colombia desde febrero de este año”.
Para María Claudia Lacouture, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia), es importante que se dé la implementación del fallo para conocer en detalle el proceso de vuelta.
“Hay un punto muy importante y es que Colombia necesita ponerse al día con las políticas y aplicaciones en digitales, no podemos mantenerlas alejadas a las necesidades que se están dando y menos ahora en el pandemia”, señaló.
De igual manera, apuntó que es vital saber cómo lograr esas políticas que hagan confluir a las empresas digitales con las tradicionales.
CON URGENCIA Y SIN PROYECTO DE LEY
Por la pandemia de la covid-19 en el país, Uber busca ser “un aliado para recuperar la economía y ofrecer oportunidades de generación de ganancias adicionales para miles de personas, con la creación de ingresos adicionales a aquellos que se han visto afectados por la crisis”, señaló la firma.
De forma paralela, con una carta dirigida a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, los representantes de la Comisión Sexta solicitaron que, temporalmente y durante la emergencia, se reglamenten las plataformas de transporte de pasajeros, intermediado a través de plataformas tecnológicas.
Esto porque el proyecto de Ley que cursaba en ese sentido en el Congreso fue archivado, pues tras varias mesas de trabajo con el Gobierno Nacional, no se logró un consenso frente al proyecto, “ni se obtuvo un concepto oficial por parte del Ejecutivo”, explicó Mauricio Toro, representante a la Cámara por Bogotá.
“La emergencia sanitaria ha generado graves problemas de movilidad en las diferentes ciudades capitales del país, por la demanda y el evidente riesgo de contagio en el transporte público. Por medio de estas plataformas podría prestarse este servicio, pero el Gobierno no mostró voluntad y el balón estaba en ese lado de la cancha”, apuntó Toro.
Si bien el congresista tiene la intención de que en la próxima legislatura se vuelva a impulsar la iniciativa, ni el Ministerio de Transporte ni las demás entidades del Gobierno Nacional involucradas avanzaron más allá del 80% de la propuesta del documento.
“Desafortunadamente, fue el Gobierno Nacional, en cabeza de la Ministra, el que se encargó de que no se diera el primer debate que tiene una alta importancia, y más en esta coyuntura, en medio de la apertura gradual y una recuperación económica que debería contar con sectores potenciados por la tecnología”, indicó el funcionario.
A su vez, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dijo que se tendría que entrar a mirar en detalle no solo cómo opera técnicamente la plataforma, sino jurídicamente.
“Desde el punto de vista de transporte, lo único que viola la ley es prestar un servicio público de en un vehículo particular. Dependiendo de cómo las plataformas estén conformadas y presten el servicio de transporte, quien terminaría violando la ley podría ser hasta el conductor”, puntualizó.
MEDIDA DE POLÍTICA
De acuerdo con el congresista Mauricio Toro, se hizo justicia. Con la determinación del tribunal de Bogotá, “la historia ha dado la razón y la decisión de la de Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) era poco técnica y contraria a toda la evidencia jurídica. Además que fue una decisión política, una instrucción del Presidente y que se dio en el marco de los paros del año pasado, para congraciarse con el gremio de los taxistas y que además logró que no marcharan ni se unieran a las manifestaciones”, dijo.
Así mismo, apuntó que esto se da en contra de la libertad y de la tecnología, sobre lo que los ciudadanos puedan elegir como método de transporte.
