El empresario Víctor Maldonado, señalado de apropiarse de más de cien mil millones de pesos del Fondo Premium, y quien intenta evitar su extradición desde España, ha considerado la posibilidad de pagar su pena en ese país, en caso de ser condenado.
Aunque el abogado Iván Cancino, que defiende a Maldonado, le dijo a EL TIEMPO que su cliente no va a aceptar responsabilidad en los delitos imputados por la Fiscalía a finales de abril y que va a demostrar su inocencia en juicio, este diario conoció que entre los escenarios que el empresario ha proyectado es buscar un traslado a España para cumplir una eventual condena en su contra.
De hecho Maldonado ya dio los primeros pasos en ese sentido y pidió a la Sala Penal de la Audiencia Española que condicione su extradición a Colombia a que en caso de ser condenado sea repatriado a ese país.
El Tribunal al resolver un recurso de súplica con el que Maldonado buscaba frenar su extradición a Colombia le respondió que esa decisión no le correspondía a esa instancia judicial pues según los tratados entre los dos países ese tipo de recursos los resuelve el poder ejecutivo.
“Con base en este tratado podrá el reclamado solicitar su traslado a España, con base en su nacionalidad española. La decisión se habrá de tomar por los ejecutivos de ambos países”, señaló la Sala de decisión de la Audiencia Española.
Los magistrados aclararon que para tomar esa decisión los gobiernos de los dos países tendrán que tener en cuenta “la gravedad de los delitos, la edad y salud del condenado, su situación familiar, su disposición a colaborar con la justicia y la satisfacción de las responsabilidades pecuniarias respecto a las víctimas”.
En el documento el Tribunal señala que Maldonado “adquirió la nacionalidad española en 2007 y es titular de documento de identidad español. Este hecho obliga a considerarlo como ciudadano español a todos los efectos”.
Hoy la defensa de Maldonado se jugará una de sus últimas cartas para evitar su extradición desde España, en donde fue capturado a finales de marzo, para ello interpondrá en el Tribunal Constitucional de España un recurso de amparo para echar para atrás dos decisiones de la justicia de ese país que ya han avalado su traslado ante jueces colombianos.
La representante del empresario argumentará que no tiene garantías en Colombia para ser juzgado y que con el patrimonio de Maldonado ya están los recursos para devolver el dinero a las personas afectadas.
El análisis de ese recurso podría demorar al menos otros 20 días la decisión final sobre la suerte del empresario.
En Colombia, la Fiscalía ya presentó el escrito de acusación contra Maldonado y los demás enredados en el escándalo asegurando que hicieron parte de una “organización criminal de cuello blanco” que delinquió entre 2008 y noviembre de 2012, y que con “artificios” buscaron el beneficio de unos pocos inversionistas a cuyos bolsillos llegaron los dineros aportados por particulares al Fondo Premium.
A Maldonado la Fiscalía le cuestiona que sus empresas recibieron 570 créditos por valor de 114.164 pesos de los cuales no había registros contables y ademas, desde el comienzo, se sabían que no iban a ser pagados.
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