A los escritorios de Germán Efromovich, el exhombre fuerte de Avianca Holdings, y de Renato Covelo, presidente encargado de la compañía, están por llegar dos citaciones para que se presenten ante el fiscal que lleva la investigación por las interceptaciones ilegales a las cabezas de Acdac, el más poderoso sindicato de pilotos de esa compañía.
(Germán Efromovich pierde el control de Avianca).
EL TIEMPO estableció que las diligencias con los ejecutivos –previstas para dentro de dos semanas– hacen parte de las pesquisas que buscan establecer quiénes fueron los determinadores de un paquete de interceptaciones ilegales que, además de los pilotos de Avianca, incluyen a abogados, al exfiscal Néstor Humberto Martínez, y a contrapartes en pleitos de otras firmas, incluido el Grupo Energía Bogotá S. A. (GEB).
En el caso específico de Avianca, un supuesto proceso por desaparición y desplazamiento forzados fue usado para interceptar los celulares de los pilotos y dirigentes sindicales Jaime Hernández, Julián Pinzón Saavedra y Jorge Mario Medina.
Por esa vía, alguien logró conocer sus decisiones y movimientos jurídicos cuando hervía la huelga de 700 pilotos, un paro que terminó costándole a la empresa 350 millones de dólares.
Las escuchas ilegales se hicieron desde la sala de interceptaciones Esperanza de la Fiscalía, y la llave para camuflar los nombres de los pilotos sindicalizados, en una investigación sobre derechos humanos, habría sido Luis Carlos Góngora, un curtido y experimentado fiscal que tenía a su cargo la coordinación de esa plataforma. También terminó involucrado el fiscal Fabio Martínez Lugo, de la Dirección contra Organizaciones Ilegales, quien insiste en su inocencia.
¿BRG, LA CLAVE?
Avianca también ha negado “categóricamente relación alguna con interceptaciones ilegales”. Y ha dicho en que “nunca ha contratado servicios para tales fines ni ha solicitado a persona natural o jurídica alguna que los ejecute”. Además, que sus empleados están atentos a entregar “toda la información necesaria con el fin de ayudar a esclarecer los hechos”.
De hecho, cuando estalló el escándalo, el propio Efromovich salió a decir que no conocía a ninguno de los involucrados.
Pero ya está confirmado que, durante 53 días, las llamadas, mensajes de WhatsApp y correos de los pilotos fueron puestos a disposición de la red y de terceros.
(Germán Efromovich, del éxito al declive de Avianca).
La primera pista sobre el ilícito la dio el coronel (r) Jorge Salinas, uno de los cabecillas de la red, quien confesó que fue el fiscal Roberto Carlos Montenegro quien lo contactó para hablarle de ese trabajo: “(Montenegro) me comenta el caso de Avianca. Lo que me dio a conocer es que el personal de Avianca, y sus abogados, querían conocer, en tiempo real, lo que estaba pasando con el sindicato y me pasó los números de celular del presidente y del vicepresidente de la Acdac”.
Varias de esas conversaciones estaban en el computador de Alicia Pinzón, la llamada ‘hacker’ de la red.
¿Quién es ese supuesto personal de la aerolínea y abogados interesados en espiar al sindicato? ¿A quién le servía esa información?
El miércoles de la semana pasada, la Fiscalía les hizo algunas preguntas a Eduardo Mendoza, vicepresidente de seguridad, ética y cumplimiento, y a Ana Ceballos, gerente de litigios de Avianca.
Ambos dijeron que ignoraban el caso y que no era de su resorte el contrato que Avianca suscribió con Berkeley Research Group (BRG), en 2017, para rastreo de fraudes corporativos.
Los investigadores creen que varios contratos de firma son la clave en el entramado. Estos aparecen firmados por Laudes Fernández, representante legal, implicado con la red. Y aunque Fernández se ha declarado inocente, se indaga a qué oficinas de Avianca visitaba y qué reportes entregó.
Sobre el tema, allegados a Eduardo Mendoza dijeron que este fue llamado por la Fiscalía como declarante, y no como investigado. De hecho, en una charla virtual, a la que investigadores tuvieron acceso, manifestó su molestia porque los medios hubieran revivido su rol en el episodio de la fuga de Pablo Escobar y anotó: “La verdad os hará libres”.
EL CASO GEB
Bajo esta misma línea de investigación, se indaga el contrato de BRG con el Grupo Energía Bogotá (GEB).
Se firmó el 22 de junio de 2018, por 2.000 millones de pesos y tenía como objeto el apoyo en litigios. Días después, el director General de Enel Colombia, Lucio Rubio, –grupo que tiene un millonario litigio activo con el GEB–, fue interceptado, camuflando su teléfono dentro de un proceso por hurto calificado.
Voceros del GEB le dijeron a EL TIEMPO que el 13 de mayo se pusieron a disposición de la Fiscalía: “Néstor Fagua, vicepresidente jurídico, envió una carta en la que dice que estamos atentos a suministrar la información que consideren necesaria para identificar y aclarar los hechos”. Y advirtieron que tienen instrumentos de detección de fraudes y rigurosos controles internos.
Por ahora, EL TIEMPO estableció que Avianca S. A. instauró una demanda de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción del registro sindical de Acdac, argumentando que su huelga fue declarada ilegal.
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