Un plan condensado en cinco estrategias, que deberá ejecutarse en los próximos 10 años, y cuyo costo fiscal está estimado en $3,5 billones, son algunos de los fundamentos de la Política Nacional de Reindustrialización que propone el Gobierno.
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Así está establecido en el documento de 165 páginas, primer borrador de un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), el cual socializó para comentarios el Departamento Nacional de Planeación a mediados de la semana pasada.
Al comienzo, explica que dicha política es entendida como “el proceso de transformación que debe surtir el sector productivo de bienes y servicios en Colombia para enfrentar los retos del cambio climático, el acelerado cambio tecnológico y el entorno geopolítico cambiante”.
Igualmente, plantea que en la transformación productiva del país es necesario un rol proactivo del Estado que “revierta los elementos que han conducido al país a padecer de una enfermedad holandesa, los cuales han sido dejados de lado desde la política pública”.
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Sobre la fuente de los recursos que se deben destinar para esta política, indica que las entidades a cargo de desarrollarla deberán, según sus competencias, gestionar y priorizar los recursos. Esto, teniendo en cuenta el gasto de mediano plazo de cada sector.
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Igualmente, en cada una de las estrategias asigna tareas a ministerios y entidades públicas para cumplir con la reindustrialización.
La primera estrategia de la política consiste en ‘Cerrar brechas de productividad’, la cual demandará recursos por $724.296 millones. Incluye varias líneas de acción. Por ejemplo, mejorar las capacidades humanas, principalmente en la educación para el trabajo, desarrollo humano y formación dual, al igual que la educación superior.
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Igualmente, habla de crear y profundizar instrumentos de capital para el financiamiento de la transformación del aparato productivo. Esta tarea estará a cargo del Grupo Bicentenario y Banca de las Oportunidades, entre otras instancias.
La segunda estrategia de esta política es el ‘Aumento de la diversificación y sofisticación de la matriz productiva’, cuyo costo supera $1,2 billones, según el borrador del Conpes.
La tercera estrategia está relacionada con el fortalecimiento de los encadenamientos productivos.
Allí se llama la atención sobre la promoción de circuitos cortos para que el desarrollo de que dichos encadenamientos se extienda a las unidades de la economía popular. Se estima que cumplir este objetivo debe costar más de $1,2 billones.
Como “cuarta estrategia se establece ‘Profundizar la integración con América Latina y el Caribe, Asia, África, Europa y Norteamérica”. Lograrlo implicará menos recursos que el resto de objetivos ($2.152 millones).
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Grosso modo recomienda establecer un plan que promueva la internacionalización, la integración y la aproximación gradual y selectiva con diversos países. En esa misma dirección, fija la importancia de una estrategia de atracción de inversión extranjera que fomente la reindustrialización a partir de la transferencia de conocimiento y de la tecnología.
Por último, menciona como quinto punto de la política, mejorar el marco institucional para la agregación de valor, lo cual para el Gobierno el costo puede ser cercano a los $294.000 millones.
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La política de reindustrialización deberá girar en torno a una apuesta transversal por los territorios y su tejido productivo, y por otras cuatro apuestas estratégicas intersectoriales del orden nacional.
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Estas apuestas son, en primer lugar, la transición energética que responderá a al apoyo a la descarbonización de la economía, a la soberanía energética y a la reducción de la dependencia económica de los minero-energéticos.
La segunda apuesta es agroindustria y soberanía alimentaria, que aborda la oferta de alimentos, biológicos, materiales y fibras textiles, entre otros, para suplir el mercado nacional y fomentar las exportaciones.
Igualmente, señala que otra apuesta es la reindustrialización a partir del sector salud, que menciona desafíos como crear capacidades para la industria farmacéutica y para la atención de la salud humana.
La cuarta apuesta es por el sector Defensa y la vida, que aprovecha capacidades de la industria militar como sector intensivo en innovación y tecnología.
Así como establece objetivos y detalla acciones a seguir, el borrador que presenta Planeación Nacional fija metas específicas, mide el impacto y establece hasta fechas para lo que llama el Plan de Acción y Seguimiento (PAS).
Según los cálculos de la entidad, por cada peso invertido en los sectores que hacen parte de las apuestas, la producción de la economía aumentaría entre 1,7 y 2,6 pesos.
Para el seguimiento, establece un cronograma con 22 cortes que irían de junio del 2024 hasta diciembre de 2034.
Además, hace estimativos sobre los efectos del plan de reindustrialización en variables de la economía. Respecto al crecimiento económico, dice que la meta es que el PIB llegue a 3,5% y que el crecimiento promedio del PIB sea 2,85% entre 2023 y 2032.
Detalla que, como fruto de esta política, la participación de las exportaciones no minero energéticas y de servicios al año 2026 deben aumentar entre 56,3% y 60,8%. Además, se especifica que este tipo de ventas al exterior deberán crecer 5,5%.
Entre tanto, también señala que sobre el desempeño de la Inversión Extranjera Directa, en el caso de la manufactura, el crecimiento de la participación puede ser hasta cerca del 13,9% del monto total en 2032 y que debería crecer 7% entre 2023 y 2032.
En el caso de la inversión que se desarrollen en la actividad agropecuaria, esos indicadores serían de 2,4% y de 4,7%, respectivamente.
CONSTANZA GÓMEZ GUASCA
Periodista Portafolio
