“Reconocemos la buena intención del Gobierno; quizá si no se hubiesen tomado estas medidas no tendrían un buen futuro algunos proyectos. Es una situación coyuntural y puntual, pero la prioridad es el respeto al mercado y a la estabilidad jurídica”, fue la afirmación de Alexandra Hernández, presidente de SER Colombia, gremio que representa a las compañías de generación de energías renovables no convencionales.
(Vea: Los once decretos emitidos para atender la emergencia en La Guajira).
La líder hace referencia al decreto 1276, uno de los últimos firmados por la ahora exministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Este cuenta con 11 artículos, que hacen frente a varios cambios enfocados en la situación de La Guajira y que reaccionan a algunos temas como la generación y comercialización de energía.
A pesar de que algunas compañías se verían beneficiadas por las medidas señaladas, lo cierto es que los gremios a los que pertenecen, han manifestado su preocupación, puesto que podría afectar la estabilidad jurídica y hacer menos atractiva la inversión.
Por ejemplo, Acolgen, gremio que reúne a las compañías de generación, señaló que las acciones tomadas no ayudan a mejorar la situación del departamento y por el contrario “terminarán perjudicando a los usuarios finales al desincentivar la competencia y producir sobrecostos en la prestación del servicio”.
El artículo que generaría esta condición ordena la suspensión de los contratos de largo plazo obtenidos en las subastas de 2019 y 2021 para aquellos proyecto renovables ubicados en esta zona.
De acuerdo con el decreto, “es necesario legitimar la intervención del estado en estos contratos para suspender temporalmente la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato”.
(Vea: Freno a contratos de energía en La Guajira levanta ampolla).
Empresarios consultados por Portafolio manifestaron que es una mala señal para los inversionistas, dado que implica que los contratos podrían ser intervenidos por un decreto, violando el acuerdo entre partes que implica un contrato.
“La medida, en vez de aliviar la problemática de la región favorece a grandes generadoras por el simple hecho de promover proyectos en La Guajira que no necesitan ayuda financiera de ningún tipo, en detrimento de los usuarios no solo de esta zona sino de todo el país”, apuntaron Asoenergía y la Asociación Colombiana de Comercialización de Energía (Acce).
Ahora bien, otros artículos también han levantado preocupación. Uno de ellos es el que le da prioridad a en la asignación de cargo por confiabilidad de la subasta de 2023 a proyectos renovables ubicados en La Guajira.
Hernández manifestó que esta medida no es sana para el sistema además de que los beneficios para el departamento no son claros, especialmente enmarcados en la emergencia económica, social y ecológica decretada por el presidente Gustavo Petro.
“Asignar prioridad a proyectos en la zona sin eficiencia, va contra las reglas de competencia, toda vez que se benefician proyectos de generación por tecnología y / o ubicación, sin medir el impacto económico en el mercado”, criticaron Asoenergía y Acce.
Un último punto que también ha levantado suspicacia es el permiso para que Ecopetrol genere electricidad solo en esta zona del país. Cabe recordar que este ha sido un objetivo de este Gobierno, pero por cuenta de la legislación vigente, expedida tras el apagón con el fin de evitarlo, la empresa estatal está impedida, al ser dueña de ISA.
(Vea: Advertencias de empresarios a decreto de emergencia en La Guajira).
Ahora bien, uno de los puntos más sensibles es el impacto que tiene para el bolsillo de los colombianos. Si bien el decreto establece una sobretasa para los estratos 4, 5 y 6, la suspensión de los contratos afectaría a todos los ciudadanos.
Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores, explicó que el efecto es que el porcentaje que estaba contratado y debían cubrir los generadores ahora quedará expuesto a los precios de bolsa, que en momentos de sequía, como El Niño que se avecina, suben.
Asoenergía y Acce también llaman la atención con que a nivel nacional la tarifa se elevaría 7%. Es decir, el incremento sería más alto que las disminuciones logradas durante el Pacto por la Justicia Tarifaria, promovido por el mismo Ministerio, como se evidencia en el gráfico.
Solo en La Guajira, el kilovatio escalaría $60, lo que se traduciría en cerca de $13.000 más por factura, según estimaciones de fuentes de Portafollio.
Hernández remata que el decreto tiene buenas intenciones, pero podría ser peor el remedio que la enfermedad.
(Vea: Las claves del decreto del estado de emergencia en La Guajira).
SI bien empresas y gremios se han manifestado en contra de algunas de las medidas, Portafolio conoció que algunas compañías proponen que la medida se implemente no solo en La Guajira sino también en todo el país.
De acuerdo con fuentes del sector consultadas, el argumento que sostienen es que motivos similares a los que han llevado a los atrasos en este departamento están afectando otras regiones, lo que podría llevar a que las empresas estuvieran en condiciones económicas complejas.
Argumentan que una medida de este tipo solo en La Guajira sería excluyente.
DANIELA MORALES SOLER
Periodista Portafolio
