La Ley 1816 del 2016 o Ley de Licores, supuestamente facilitaría la introducción de estos productos en las regiones y había generado expectativa por las posibilidades de crecimiento de dicha industria, pero un año después de su promulgación tiene en ascuas a los fabricantes privados. Dicen que, como están las cosas, no podrían seguir desarrollando su actividad e incluso estarían en riesgo sus marcas.
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Específicamente, el problema se remite al artículo 8 de la 1816, que define la fabricación de destilados y dice que “los contratos se adjudicarán mediante licitación pública a iniciativa del Gobernador” del territorio donde esté ubicada producción, mediante “subasta ascendente sobre los derechos de explotación”.
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Para Beatriz Elena Jaramillo, directora de la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas (Caba), que reúne a 13 empresas del sector, es urgente reglamentar la Ley o incluso modificar el aparte mencionado, porque deja en ceros la posibilidad producción nacional por parte de agentes que no sean estatales.
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En su concepto, la norma aplicaría solo cuando el Estado es el dueño de las marcas, como ocurre con las licoreras oficiales (hay 6 operando), pero la consecuencia de una subasta pública es que solo ganaría un oferente y eso obligando a las demás a cerrar, con lo cual se vulneraría el derecho de decenas de compañías que llevan décadas operando y gastan millones de pesos para posicionar sus marcas.
De paso, iría en contra de la libre competencia, generando un monopolio diferente al del Estado, con serios visos de ilegalidad.
“Bajo la legislación colombiana no se puede licitar una marca privada, ni sería conveniente, porque si tú produces vodka hace 50 años esa es tu marca y el Estado no puede licitarla”, reiteró Jaramillo.
¿QUIÉN RESPONDE?
Lo más grave es que Caba ha estado realizando consultas con distintas entidades nacionales y departamentales, pero nadie tiene claridad acerca de cómo se elaborarían los pliegos de condiciones para la contratación.
Mientras que la respuesta se da, hay alrededor de siete firmas que están en vilo porque sus contratos están próximos a vencerse y quedarían en el aire, ya que no está contemplada la posibilidad de realizar prorrogas ni adicionar productos a los mismos.
En el país, según registros facilitados por el director del Invima, Javier Humberto Guzmán, existen 226 firmas dedicadas a las bebidas alcohólicas; no obstante, el ‘cuello de botella’ sería para casi 40 privadas que se dedican a los destilados con más de 15% de concentración alcohólica. Las demás se concentran en los fermentados, en especial cervezas y vinos, a los que la norma no se les aplica.
Por ejemplo, Bodegas Santa Lucía, una empresa familiar que existe hace 24 años en Ibagué, con una planta de 2.400 metros cuadrados y 77 empleados, tendría amenazada su estabilidad, pues de sus ventas, cerca del 40% son destilados y derivados de ellos –cremas de whisky y de brandy, ron añejo, ginebra, piña colada y vodka–. El contrato para producirlos caduca en febrero, por lo cual quedarían a media marcha si no sale una solución en ese lapso.
SE IRÍA INVERSIÓN
“Nos quieren regir como a las licoreras departamentales. Es una situación muy delicada porque tenemos la propiedad industrial de nuestras marcas y las quieren subastar”, aseguró la representante legal de la firma, Clara Castillo. Agregó que ha elevado derechos de petición al Ministerio de Hacienda para que le explique qué hacer, sin lograr una respuesta.
“Solo tendríamos la opción de producir en zonas francas y departamentos sin monopolio, es decir los que están en los viejos territorios nacionales, como Vaupés, Vichada y Guainía, donde, aparte de la logística, sería más caro establecerse, porque solo ahora se empezarán a dar oportunidades para esos lugares”, señaló la directora de Caba.
En su concepto, el lío no solo es de los actuales jugadores del segmento, porque también espantaría a inversionistas nacionales y extranjeros que estaban a la expectativa de entrar y haría más rentable montar las fábricas de licores en países vecinos como Perú, Ecuador u otros vecinos.
PETICIÓN DE CABA
“Ya alertamos al Ministerio de Comercio y el tema se llevará a mesas de trabajo con la Alta Consejera para la Competitividad, porque es algo grave para el país y el sector. El mensaje es delicado”, dijo Jaramillo al reiterar que ese no era el espíritu de la Ley de Licores.
Propone que se haga una reglamentación que recoja, como lo hacía el texto inicial del proyecto de ley que discutió la Cámara de Representantes, la posibilidad de hacer una contratación directa u otorgar permisos de producción para empresas privadas.
La otra petición de Caba es que los contratos sean a más largo plazo que los actuales (son a 5 a 10 años, prorrogables), por lo cual no son atractivos para recuperar la inversión “y eso genera desinterés por parte de cualquier inversionista, sea nacional o extranjero”, según Jaramillo
La viceministra general de Hacienda, Paula Acosta, contestó un cuestionario enviado por Portafolio y dijo por escrito que la Ley les da autonomía a las entidades territoriales para que estructuren la manera como delegan el monopolio de los licores y estas son las que deben definir si le otorgan contrato a una o varias empresas, siempre bajo el principio de recaudar la mayor cantidad de recursos para financiar la salud y la educación.
“En tal sentido, el Gobierno Nacional no deberá expedir una reglamentación adicional toda vez que los departamentos son los llamados a establecer las condiciones en las que adelantarán los procesos de adjudicación de contratos de producción de licores destilados en su jurisdicción”, afirmó. Destacó que los ingresos para las regiones han aumentado en 13,8% con la Ley de Licores.
Nestor Alonso López López
@nesperiodista
