El Informe de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas de 2023 confirma la supremacía cocalera mundial de Colombia por segundo año consecutivo, precisamente durante la permisiva administración de Gustavo Petro.
Los cultivos de coca pasaron de 230.000 hectáreas en 2022 a 253.000 en 2023, con un crecimiento del 10%. El ascenso de las siembras de coca del año pasado se origina, principalmente, en la región Pacifico, Catatumbo, Antioquia y Putumayo. El aumento del 53% en la producción de cocaína de alta pureza de 1.738 a 2.664 toneladas métricas en 2023 genera zozobra existencial.
La impresionante crecida de la producción de estupefacientes obedeció a la mencionada ampliación del hectareaje cocalero, y especialmente, al aumento del 33% en la productividad agrícola, que pasó de 6,4 a 8,5 hectáreas/año.
La productividad promedio de la producción de clorhidrato de cocaína por hectárea cosechada ascendió 37% de 7,8 a 10,7.
Este pasmoso avance de los rendimientos cocaleros en Colombia en 2023 se explica por el mantenimiento de la suspensión de la aspersión con glifosato y la reducción del 70% de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos; la maduración de lotes en edades productivas, mejores prácticas agrícolas, mayores encadenamientos agroindustriales y financiamiento de los carteles -mexicanos y colombianos-; la disminución de la densidad de siembra y renovación de los predios cocaleros; la especialización de los cultivadores en el procesamiento de pasta de coca y base de cocaína; y las facilidades para la consecución y optimización de los precursores químicos requeridos para su procesamiento.
El 90% de la coca colombiana se encuentra en los mismos territorios donde ha estado presente en los últimos 10 años.
La guerrilla de las Farc, el ELN, el clan del Golfo y el cartel de Sinaloa lograron transformar a Colombia, en este periodo, en un Estado cocalero de talla mundial. Durante los últimos 10 años, las Farc exigieron -en diciembre de 2013- la suspensión de la aspersión aérea de alcaloides con glifosato, primero en la zona fronteriza con Ecuador y Venezuela, y luego en todo el territorio nacional, con la oscura complicidad del Consejo Nacional de Estupefacientes en 2015.
La retaguardia de las Farc de Iván Márquez, jefe de la delegación de paz, y del finado narco, Jesús Santrich, engañaron al incauto equipo negociador del gobierno para que les permitieran conservar las rutas, los laboratorios y los dineros sucios del narcotráfico.
El Informe de la ONU confirma que en Colombia, “la violencia persiste en la etapa posterior a la firma del Acuerdo de Paz de 2016”. Las guerrillas y los carteles continúan “activos y vinculados al crimen organizado transnacional, enfocándose en la producción y tráfico de cocaína”.
La lápida del Estado cocalero colombiano la puso Petro al anunciar que el gobierno planea cometer un delito al proponer la compra de la cosecha de coca.
ANDRÉS ESPINOZA FENWARTH
Miembro del Consejo Directivo del ICP
andresespinosa@inver10.co
