No es de una importancia menor la reunión que sostendrán este miércoles los gobiernos de Colombia y Panamá, con el fin de negociar un convenio de intercambio de información financiera solicitado por Bogotá desde hace meses. Como es sabido, ha sido imposible llegar a un acuerdo, debido a diferencias que hasta el momento son irreconciliables y que llevaron a superar los plazos establecidos.
La más insalvable de todas parece ser la oferta panameña de responder a las peticiones que se le hagan, pero solamente entregando lo que suceda a partir de la fecha de entrada en vigencia de un eventual pacto. En términos prácticos, una sociedad constituida o una cuenta bancaria abierta antes de ese punto no tendría que reportarse, lo cual dejaría por debajo del radar de las autoridades gruesas sumas de dinero expresadas en aportes de capital o importantes movimientos de recursos.
La posibilidad de que esa postura se haya flexibilizado existe, tras el escándalo que siguió a la filtración de los millones de documentos de la firma Mossack Fonseca la semana pasada. La presión internacional sobre el istmo viene en aumento y una posibilidad de conseguir que disminuya es mostrando que el gobierno de Juan Carlos Varela es capaz de cooperar con sus pares, al menos bilateralmente.
Un entendimiento con Panamá sería de mucha utilidad en la actual coyuntura de estrechez fiscal. Para la Dian, que requiere cumplir las metas de recaudo establecidas, todo sería más sencillo si un grupo importante de colombianos se acoge a las normas sobre normalización de activos que están vigentes y expiran el próximo año.
En el 2015, se regularizaron por este mecanismo cerca de tres billones de pesos, pagando una tarifa del 10 por ciento, lo cual quiere decir que a las arcas públicas ingresaron unos 300.000 millones. Si bien se esperó que la suma fuera mayor, la revisión de la ley que hizo la Corte Constitucional llevó a muchos tributaristas a aconsejarles a sus clientes un compás de espera. La recomendación fue que si la disposición se caía, alguien que se hubiera acogido a ella habría quedado expuesto a sanciones.
No obstante, el alto tribunal le dio su bendición al esquema. El problema es que lo hizo cuando ya se habían presentado las declaraciones de renta, por lo cual más de uno se vio imposibilitado para hacer esta especie de acto de contrición y quedar a paz y salvo con el fisco.
Ahora, la posibilidad se vuelve a presentar, aunque con una tarifa un poco más elevada, del 11,5 por ciento. Este martes, el Ministro de Hacienda sostuvo que se trata de una oportunidad de oro, y reiteró que la información sobre quién declare qué y por cuánto será tratada confidencialmente por la administración de impuestos. El mensaje para aquel que haya omitido activos en el pasado es claro: pagar y así evitarse líos después.
Más allá de las razones de cada cual para tener fondos en el exterior, es indudable que las probabilidades de no ser atrapado son menores que nunca. Aparte de las sucesivas filtraciones que llegan a los medios, los gobiernos del orbe actúan de manera cada vez más coordinada para cerrarles los espacios a los evasores, aplicando la máxima del ‘hoy por tí, mañana por mí’.
No está lejano el día, por ejemplo, en el que sea universal el modelo que hoy aplica Estados Unidos de pedir información sobre los bienes que tienen sus nacionales en el extranjero. De la mano del trabajo que adelante la Ocde, la generación de reportes llegará a ser periódica y automática, e incluirá un número creciente de naciones y territorios.
Bien reza el dicho popular ‘que la tranquilidad no tiene precio’. Por eso, y más allá de que las conversaciones con Panamá fluyan adecuadamente en la presente ocasión, tarde o temprano habrá humo blanco. De ahí, el consejo para los contribuyentes es que deberían ponerse al día con la Dian. Porque lo barato hoy, puede salir muy caro mañana.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto
