El sector petrolero ha tenido un papel fundamental para la economía. Además de haber representado el 3,9% de la producción nacional y el 42% de las exportaciones entre 2010 y 2019, su contribución vía impuesto de renta y dividendos al Gobierno Nacional bordeó el 1,6% del PIB en el mismo periodo. Adicionalmente, en esa década las compañías pagaron regalías por 0,9% del PIB.
Pasado ese boom petrolero, y aunque sigue siendo un sector clave para la economía y las finanzas nacionales, se ha visto una sensible disminución de la renta petrolera en los últimos años. Esto y las preocupaciones sobre los impactos medioambientales han hecho que algunos cuestionen el papel del sector, llevando incluso a los más radicales a señalar que para combatir el cambio climático se deben cesar la exploración y las exportaciones petroleras, una propuesta respaldada por cerca del 39% de los colombianos, según una reciente encuesta de Invamer.
No parece que sea prudente la ejecución de esa clase de ideas y menos en esta coyuntura. El impacto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así como el efecto alcista sobre los precios de la energía que vienen teniendo las medidas de algunos países desarrollados para acelerar la transición energética, catalogado como Greenflation, permite vislumbrar la materialización de un ciclo positivo en las cotizaciones del petróleo.
De cumplirse las expectativas de que el precio del barril de crudo se ubique en promedio por encima de los US$100 en lo que resta del año, la economía colombiana tendría muy buenas noticias. De un lado, el déficit en cuenta corriente, nuestra mayor vulnerabilidad externa, se ubicaría entre 3,0 y 3,5% del PIB, lo que implicaría una reducción importante frente a la cifra de 2021 (5,7% del PIB). De otro lado, las cuentas fiscales mejorarían en 2023 gracias a que el Gobierno percibiría ingresos adicionales cercanos al 1,4% del PIB.
Así las cosas, los recursos adicionales generados por el petróleo deberán contribuir a aumentar la oferta de bienes públicos que mejoren la equidad e impulsen la productividad y el crecimiento sostenible. De ninguna manera deberán ser utilizados para financiar aumentos en el gasto corriente. Si bien es claro que el proceso de transición energética es necesario, este debe ser gradual, teniendo en cuenta las múltiples necesidades nacionales.
Debemos entender la necesidad de compatibilizar una explotación petrolera respetuosa con el medio ambiente con la diversificación de la matriz energética y las exportaciones mineras. La evolución del precio del crudo incluyendo sus externalidades negativas deben ser las que dicten la celeridad con que se debe materializar esta transición hacia los no renovables, sin traumatismos en el proceso de transición para nuestra estructura productiva y fiscal. Es mucho lo que está en juego.
HERNANDO JOSÉ GÓMEZ R.
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