El proyecto del Gobierno sorprende por su buena calidad, si se compara con experiencias recientes: toca temas que parecían vedados, está bien redactado, en lenguaje claro, y aporta simplicidad con la eliminación del Iman, el Cree y sus allegados. Es un buen proyecto, bastante influenciado por el informe de la Comisión de Expertos, aunque menos ambicioso, en términos del recaudo esperado.
El sistema cedular propuesto para gravar las rentas personales resulta más sencillo que los actuales (elimina además la pretensión de cambiar el diccionario de la RAE, para agregar nuevas acepciones a la palabra ‘empleado’).
La tarifa máxima se eleva de 33 a 35 por ciento y la base mínima gravable se reduce, incrementando desde luego los impuestos, aunque introduce una nueva tarifa de 10 por ciento, que alivia la carga sobre rentas entre 18 y 30 millones. Las tarifas se aplican a los ingresos netos de exenciones, las cuales no pueden exceder el 35 por ciento del ingreso ni 104 millones por año; en la práctica se gravan los salarios a partir de 2’300.000 mensuales.
Por otra parte, de nuevo se insiste en gravar los ingresos brutos de los profesionales independientes (excepto cuando tengan dos empleados), a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional que condenó tal procedimiento. Se echa de menos el gravamen a las altas pensiones, que están favorecidas con un alto contenido de subsidios del Estado.
En cuanto a las rentas de capital, propone tímidamente empezar a gravar los dividendos, aunque con tarifas que no son progresivas; no se observan medidas para prevenir la evasión del impuesto a través de sociedades.
La idea del monotributo para los pequeños negocios es buena, pero debe estar acompañada de campañas educativas y de la reducción de las cargas administrativas, que han sido agravadas con la injustificada implantación de las NIIF para las pymes.
Hay un avance en la propuesta sobre eliminación de exenciones, aunque se queda corta con las zonas francas, cuyos beneficios no deberían exceder los relativos al generoso tratamiento aduanero.
Quedarían vigentes algunos ingresos no constitutivos de renta, que son tanto o más generosos que las rentas exentas. También sorprende mucho la insistencia en exonerar de las declaraciones de renta los bienes ubicados en el país, supuestamente de propiedad de sociedades extranjeras, en su gran mayoría ubicadas en paraísos fiscales.
A la par con los esfuerzos para tratar de desentrañar esas marañas, aún sin el apoyo de gobiernos extranjeros, debe exigirse la declaración de todos los bienes ubicados en el país, y obligarlos a pagar, cuando menos, la renta presuntiva y el impuesto a la ganancia en la enajenación de los mismos.
En lo relativo a las Esal, los sistemas de control propuestos ya se ensayaron en Colombia y fracasaron. La Dian no puede vigilarlas; se requiere un organismo que las controle desde su propia creación, no solo para fines tributarios. Y en cuanto a los límites para penalizar la evasión, hay que escuchar al Fiscal: existen procesos en curso por hechos vinculados con evasión, que podrían abortar invocando el principio de la favorabilidad, si las cifras envueltas no llegan a los valores propuestos en el proyecto de reforma.
Horacio Ayala Vela
Consultor privado
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