Las reformas Pensional, Laboral y de Salud propuestas por el gobierno Petro no son proyectos radicales de corte socialista, ni pretenden modificar la estructura de la propiedad privada. Son propuestas de corte socialdemócrata, en el sentido europeo del término, pues sus objetivos principales son extender los beneficios del Estado de Bienestar y la seguridad social a todos los ciudadanos.
La intensidad del debate sobre el papel que deben jugar el Estado y el sector privado en la provisión de estos servicios esenciales ha llevado a que se preste poca atención a otros temas que son importantes y que no están incluidos en los proyectos de ley.
La gran ausencia del proyecto de reforma pensional es la modificación a los regímenes especiales de pensiones que aún subsisten, y que son los que absorben la mayor parte de los subsidios públicos. Se trata de los regímenes de pensiones del magisterio y de la fuerza pública.
Los afiliados a estos regímenes tienen varios privilegios frente al resto de los colombianos en materias tales como la edad de retiro y el monto de la pensión que no corresponde a lo cotizado, lo cual lleva a que el costo para el presupuesto nacional haya sido en 2021 de $8 billones para 171.000 pensionados de la fuerza pública y $7.2 billones para 217.000 del magisterio. Si no se modifican las condiciones de estos regímenes el costo fiscal crecerá exponencialmente en los próximos años por el número de personas que accederán a esas pensiones priviegiadas.
Estos regímenes especiales son una de los principales factores que contribuyen a la inequidad en la asignación de los recursos presupuestales y por lo tanto a que el gasto público sea ineficaz par mejorar la distribución de ingreso en Colombia. Por eso es lamentable que la reforma pensional no los toque.
En cuanto a la reforma laboral es loable el objetivo de reforzar los derechos de los trabajadores modificando las condiciones los contratos laborales, y sobre todo el de corregir el conejo millonario que le hicieron a los trabajadores con la reforma laboral de Uribe (Ley 789 de 2002) que redujo los ingresos de los trabajadores (horas extras y dominicales), para incentivar a las empresas a crear más puestos de trabajo que nunca se crearon.
Sin embargo, el principal problema del empleo en Colombia no son las condiciones de los trabajadores formales -aunque pueden ser mejoradas- sino el 11% de desempleados, es decir los 2,9 millones de personas que quieren trabajar y no encuentran empleo, y los cerca de 12 millones que están en la informalidad, que son casi el 60% de los que tienen trabajo.
Para que todos los colombianos tengan empelo decente es indispensable que los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos, tengan los incentivos adecuados para crear nuevos empleos, y que el gobierno impulse programas de empleo de emergencia en las regiones. Nada de esto está incluido en la propuesta de reforma laboral.
MAURICIO CABRERA GALVIS
Consultor privado
