A un debate de la aprobación del proyecto de ley de licores, que pretende fortalecer el recaudo de las entidades territoriales y dar cumplimiento a las obligaciones internacionales, y concretamente a los acuerdos que Colombia tiene firmados, el sector privado ha venido manifestando de manera contundente los inconvenientes de algunos puntos de esta iniciativa.
Claramente, el objetivo principal del proyecto es el aumento del recaudo que se destinaría a salud y educación. Para ello, el texto se ampara bajo la loable intención de disminuir las disparidades en las cargas tributarias entre los diferentes licores, y desincentivar el consumo de estas bebidas, en consideración a los daños que su exceso causa al organismo.
Sobre el papel, los argumentos parecen no resistir análisis, la secuencia lógica es evidente: mayores tasas impositivas generan más recursos y dificultan el acceso a este tipo de bebidas. En resumen, y apariencia, una ley perfecta. Sin embargo, así como nuestra Constitución está hecha para ángeles, este proyecto de ley parece diseñado para querubines, pues desconoce, entre otras cosas, una realidad fundamental: el contrabando y la ilegalidad.
Solo para dar una idea de la dimensión de este problema, consideremos los 320 mil litros de licor decomisado por las autoridades en el 2015. Si bien esta es una clara demostración de los buenos efectos que ha tenido la lucha contra el contrabando, no es un secreto que elevar los impuestos de un bien altamente susceptible a este tipo de delito, aumentará los incentivos de dicha actividad ilegal, poniendo una presión adicional sobre la labor de la policía fiscal y aduanera.
Junto con esto, cabe preguntarse qué tanto se verá incentivada la producción de alcohol adulterado y sus nefastos efectos sobre la salud humana. Si, según datos de Euromonitor, en 15 años el consumo de alcohol legal ha caído 31 por ciento, y autoridades locales afirman que una de cada cuatro botellas es falsificada, ¿los colombianos están bebiendo menos? La respuesta es que no. Solo se pasó del consumo legal al ilegal. Así las cosas, y aterrizando el problema, ¿cuántos colombianos beberán en diciembre y no podrán, literal y figuradamente, ver en enero?
Lo anterior, dejando de lado los problemas de salud y tomando únicamente el lado del recaudo, no deja un saldo favorable. Si con la actual estructura impositiva se pierden recursos debido a la ilegalidad, con seguridad el recaudo que se espera con el proyecto no se alcanzará. He dicho, en oportunidades anteriores, que en materia tributaria la regla de tres no existe, la curva de Laffer se mantiene. Presionar al contribuyente mediante más tasas no garantiza mayores recaudos, incluso pueden disminuir.
Paralelamente, además de no considerar la ilegalidad, el proyecto desconoce la diferencia entre licores y vinos. Si bien para algunos destilados el aumento en su impuesto sería del orden del 40 por ciento, en el caso de los vinos ese incremento llegaría al 135 por ciento. Hablando de salud, esto pondría en cuidados intensivos a la industria vinícola nacional.
Sin embargo, la redacción para las jerarquías celestiales no para allí. Dentro del articulado se contempla que el Dane sea la entidad encargada de certificar la base gravable de los licores, ¡de las más de 12 mil referencias de estos! No confundamos Cundinamarca con Dinamarca, y seguramente allá tampoco serían capaces de procesar semejante cantidad de datos. Exceso de ingenuidad.
Por último, el proyecto otorga la facultad a las entidades territoriales de definir las condiciones de almacenamiento de los licores. Esto genera serias dudas acerca de las implicaciones que tales disposiciones puedan llegar a tener sobre la logística y toda la cadena de comercialización de estas bebidas.
En definitiva, lo que se puede decir del proyecto de ley es que busca fines adecuados mediante caminos anegados. Nadie se inclina por mantener estructuras tributarias anticuadas, pues es evidente que se necesita una reforma, pero no por ello se debe dejar de lado otras consideraciones que van más allá del mero recaudo. Pero, como van las cosas, queda la sensación de que por salvar un árbol están talando un bosque.
Guillermo Botero Nieto
Presidente de Fenalco.
