A lo largo de la historia, Colombia se ha caracterizado por ser uno de los países más golpeados por el conflicto al margen de la ley, dejando profundas cicatrices que han motivado la búsqueda de garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos los ciudadanos.
Dentro de los esfuerzos que los diferentes gobiernos han realizado para la erradicación de la guerra se encuentran los diálogos de paz, los cuales, si bien han aminorado los efectos del conflicto, la desigualdad y el marco de violencia en el país persisten.
Algunos expertos han indicado que, hasta el momento, los acuerdos firmados no han sentado las condiciones sociales para garantizar una paz duradera, siendo esta el principal objetivo de los actuales diálogos en que se encuentra el Gobierno Nacional con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En el nuevo proceso de diálogo iniciado a partir del mes de noviembre, varios ciudadanos fuimos convocados para conformar un equipo interdisciplinario que represente las necesidades de los diferentes grupos de interés en el proceso de negociación.
En lo personal, soy el portavoz de las micro, pequeñas y medianas empresas, actuando con la objetividad y el respeto que el mismo proceso exige y en compañía de expertos y líderes, aportaremos de manera apropiada para cumplir una agenda que lleve a realizaciones y resultados reales.
Sin duda alguna, los tres primeros puntos de la agenda, conformados por la participación de la sociedad civil, la democracia para la paz y las transformaciones, requerirán de una participación activa de la ciudadanía para trabajar iniciativas que permitan superar las dinámicas de violencia y exclusión que crecen por ausencia de oportunidades.
Asimismo, las transformaciones deben ser analizadas y ejecutadas desde las particularidades del conflicto, el modelo económico del país, el papel de los distintos sectores económicos como la agricultura y la industria, el fortalecimiento de las empresas locales, la transición de las economías ilegales, entre otros.
Lo anterior, lo lograremos hacer siempre y cuando, las relaciones entre Gobierno, guerrilla y ciudadanía se basen en la legitimidad, priorizando la confianza, la seguridad y la justicia en un entorno de cultura de paz.
Frente a este último aspecto, es importante soltar las condenas del pasado y cambiar las narrativas, por lo que, resulta necesario disminuir la estigmatización territorial causada por el conflicto para lograr movilizaciones sociales y económicas.
Tengo la certeza que, al igual que en anteriores procesos, el empresariado colombiano tiene una responsabilidad al ser motor de cambio en la construcción de la sociedad del postconflicto, pues la exclusión del tejido empresarial del diálogo conllevaría a frenar la trascendencia de las problemáticas existentes, lo que implicaría un retroceso para la paz que necesitamos.
Así las cosas, extiendo la invitación a todo el sector empresarial y especialmente a las MiPymes a participar para lograr las metas que necesitamos como nación, reducir las disparidades, potencializar los sectores, generar empleo y, por consiguiente, mayor crecimiento del país.
Rosmery Quintero Castro
Presidente Nacional de ACOPI
