No ha cesado la polémica en el país tras la publicación de un video realizado en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Aguachica (Cesar) que revela la pobre calidad de la comida que reciben los escolares.
Como se ha vuelto tradición en estos casos, el escándalo dio origen a una denuncia penal, al anuncio de la Procuraduría de que tomará cartas en el asunto y al aviso de la cancelación del contrato de alimentación a los alumnos de siete instituciones, por parte del municipio.
Tampoco es la primera vez que se descubre que la firma proveedora cambió de razón social o que había sido sancionada en el pasado. Ejemplos similares se han visto en diferentes lugares, comenzando por la capital de la República.
Para quienes saben de estos asuntos, lo ocurrido es un episodio más en el día a día de la contratación estatal, en la cual se mueven cifras billonarias. Son numerosos los servicios de proveeduría a los cuales es difícil hacerles seguimiento, sobre todo al nivel regional y local.
En opinión de los críticos del sistema, este es un elemento clave en la ecuación en la que participan dirigentes políticos y empresarios de su mismo círculo. El conseguir que ciertas personas o sociedades ganen las licitaciones permite la financiación de campañas y abre las puertas de la corrupción, pues el énfasis es que el dinero fluya y no que el público objetivo obtenga lo que se merece.
Aunque posiblemente es injusto tender un manto de duda sobre todos los convenios que existen, hay una circunstancia que llama la atención de los especialistas. Esta es la ausencia de compañías importantes entre los proveedores de las secretarías de educación o del propio Ministerio. Al fin de cuentas, la capacidad administrativa está ahí, al igual que la experiencia y las credenciales financieras para dedicarse a un negocio cuyas cifras deberían ser atractivas.
Pero nada de eso sucede. En cambio, el espacio es ocupado por consorcios o fundaciones en los cuales la transparencia brilla por su ausencia en más de una ocasión.
A primera vista, valdría la pena ajustar requisitos en las reglas que permiten la calificación de proponentes idóneos. Un primer paso sería establecer lo que se conoce como los contratos tipos, con el fin de estandarizar condiciones.
No obstante, la esperanzas de que algo de ese estilo ocurra son mínimas, porque no hay muchos interesados en cambiar un árbol del cual muchos hacen leña.
Ricardo Ávila Pinto
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@ravilapinto
