La captura de Jesús Santrich, miembro del secretariado de las Farc y uno de los negociadores del en ese entonces grupo guerrillero del acuerdo de paz con el gobierno Nacional, causó un temblor en el país que todavía continúa y están por verse sus consecuencias.
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El jefe del nuevo grupo político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) y quien ya tenía una curul en el Senado, es acusado por el gobierno de Estados Unidos de conspirar para vender 10 toneladas de cocaína.
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Aunque en una reunión ayer miércoles el presidente Juan Manuel Santos le ofreció a los demás integrantes de las Farc garantías en el proceso penal que se adelanta contra Santrich, y el jefe de ese partido político Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, ratificó el compromiso de la exguerrilla con la paz, todavía en el seno de esa agrupación se sigue manejando el caso como un montaje de Estados Unidos.
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Por su parte, el magistrado José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema de Justicia, declaró que ante la captura de Santrich por cargos de narcotráfico, el alto tribunal tiene una posición que es estrictamente jurídica.
"Debe entenderse y aceptarse que el señor Seuxis Hernández Solarte, Jesús Santrich, goza en este momento de un estatus", dijo Barceló. Ese estatus, enfatizó el magistrado, lo adquirió por su pertenencia a las Farc y "se consolidó cuando el primero de diciembre del 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y esa guerrilla".
Barceló indicó que "desde esa perspectiva y por razón de su estatus, cuenta con un juez natural y ese juez es la Justicia Especial para la Paz (JEP)".
Jorge Restrepo, del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), asegura que estos eventos eran previsibles pues “todos sabíamos que era más fácil que las Farc dejaran las armas a que dejaran de estar involucradas en cosas ilegales. No es sorpresa y vamos a seguir recibiendo noticias como estas”.
Alejo Vargas, coordinador del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional y profesor del mismo claustro, manifiesta que todavía hay muchas cosas por aclarar en este caso, y es que la opinión pública lo toma como una condena cuando lo que hay es una acusación pro parte de un organismo de inteligencia de Estados Unidos.
Aclara que ahora que el proceso de Santrich pasa de la Fiscalía a la JEP, esta debe analizarlo con todas sus pruebas, y si estas son sólidas, debe ir a la Sala Penal de la Corte de Suprema de Justicia, que es a la que le compete decidir la extradición junto con el presidente de la República.
Jorge Restrepo sostiene que la captura tiene impacto sobre los diferentes componentes de la implementación del proceso.
Primero, explica el analista del Cerac, porque es un golpe muy duro para las Farc como partido político que ya tenían una muy mala imagen, como se vio en las elecciones legislativas, y sobretodo porque Santrich era uno de los más políticos del grupo. Es un autogolpe que ellos mismos se dan, de ser cierta la acusación.
Pero en términos de sustitución de cultivos lo considera positivo ya que cierra la posibilidad a que mandos medios y altos vayan al narcotráfico u otras actividades ilegales.
Para el profesor Vargas, esto afecta desde ya el proceso de una manera negativa sobretodo en los sectores de opinión que estaban en contra del proceso.
Pero el efecto que puede ser más perjudicial puede ocurrir en las bases de las Farc, quienes pueden “decir de manera simple pero válida que los van a extraditar a todos, y ojalá no pase de ahí porque lo que podría venir es el riesgo que terminen aumentando las disidencias de ese grupo”, asevera Vargas.
Por esto la declaración de ‘Timochenko’ ayer en el sentido de pedirle al grupo cohesión en estos momentos es muy importante.
Además, agrega Vargas, ya hay un efecto colateral negativo con las negociaciones del ELN en Quito, quienes ya dijeron que Estados Unidos está incidiendo en la paz del país.
El coordinador del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz advierte que el riesgo de rompimiento de la implementación del acuerdo y del acuerdo mismo no tiene que ver con las cabezas del grupo político sino de los mandos medios y la base, que pueden estar pensando y diciendo que no les van a cumplir, que los van a extraditar y que se devuelven al monte.
Para Restrepo, este puede ser el efecto más dañino para el proceso, que algunos lo manejen dentro del grupo como una cuestión de inseguridad jurídica.
Pero en general, el profesor Vargas ve un muy buen clima entre la dirigencia nacional, que aboga porque se cumpla lo pactado en los acuerdos de La Habana.
Restrepo cree que es improbable que esto lleve al rompimiento del proceso pero lo que sí puede suceder es que algún miembro del secretariado que esté también con cuestiones ilegales decida regresar a la clandestinidad en forma de crimen organizado. "Hay probabilidades que haya un tránsito de algunos de ellos al crimen organizado pero no hay ninguna que vuelva a haber guerrilla después de la guerrilla", insiste y prosigue que si “hay ruptura es más por la violencia que se ha generado en contra de los desmovilizados de las Farc en forma de asesinatos”.
Camilo Sánchez, miembro de Dejusticia y profesor de la universidad Nacional, cree que en caso de que extraditen a Santrich cualquier cosa puede pasar, pero aclara que hay caminos que se han andado que son muy difíciles de desandar como la entrega de armas y bienes por parte de las Farc, por lo que es factible, de ser extremo, que muchos de los excombatientes se vayan a otros grupos ilegales como el ELN y las Bacrim, lo que hay que evitar.
Vargas considera fundamental de ahora en adelante reestablecer la confianza de las Farc en el proceso y aquí es “necesario dar todas las garantías de defensa para que los abogados de Santrich puedan adelantar todo el proceso, de conocer las pruebas y sientan que no se está violando el debido proceso”.
Pero esto, y de resultar cierta la acusación, también tiene un lado positivo y es que le da seriedad al proceso y a lo pactado pero “el problema aquí es que la gente parte del presupuesto de que ya hay culpabilidad y si la JEP dice que no hay pruebas suficientes, entonces van a decir que no se hizo justicia”, añade Vargas.
Para Restrepo, el Gobierno debe mantener la aplicación de la ley, mantenerse en la institucionalidad y esperar a conocer el resultado del proceso judicial en la JEP, mientras que los jefes de las Farc deben seguir con el proceso y hacércelo saber a sus bases, porque la alternativa es criminalizarse.
Sánchez opina que esta es la primera prueba de fuego para la JEP y que lo debe resolver pronto para evitar suspicacias de lado y lado.
Alejo Vargas advierte que si se logra capotear este primer gran escollo en la implementación del acuerdo de paz, y espera que sí, “esto mostrará que los acuerdos tienen una solidez importante para permitir que se sigan implementando. Demostrar que no tienen sentido las historias de impunidad porque hay reglas que garantizan que si en un momento dado se viola lo pactado, hay sanciones”.
En la misma línea se declara Restrepo, quien destaca que aunque es sorpresivo el hecho, por tratarse de alguien de la cúpula de las Farc, tiende a fortalecer el proceso y darle un tinte de seriedad, al mismo tiempo que debilita a las Farc políticamente.
Pedro Vargas Núñez
Editor Portafolio.co
