Recientemente, se ha dado a conocer de manera oficial, que el total de la deuda externa de Colombia llegó un poco más de 146,000 millones de US$. Esto constituye, tomando en cuenta la devaluación del peso en las condiciones actuales, que dichos compromisos con el exterior estarían representando un 49.7%; en términos prácticos, la mitad del producto interno bruto (PIB) de Colombia.
(Prioridades de las políticas públicas para superar la crisis del Covid).
No es de extrañar, en particular durante estos últimos seis meses, que la deuda total aumentara, si se toma en cuenta la necesidad de recursos frescos que se requieren, a fin de -al menos- amortiguar el impacto de la actual pandemia del Covid-19. Pero estos aumentos de deuda se ubican, en todo caso, en una tendencia que se ha tenido en el país desde 2003.
(Impacto del coronavirus en los precios de las materias primas).
Efectivamente, en ese año, a inicios del siglo, el monto total de la deuda externa de Colombia rondaba los 35,000 millones US$. A partir de ello, el incremento ha sido constante en los dos gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010), los dos de Juan Manuel Santos (2010-2018) y los dos años de la administración Duque. Hasta ahora, luego de casi veinte años, no se evidencia en ello, un cambio de ruta.
De nuevo es de subrayar que se necesitan mayores recursos para hacer frente a la actual pandemia y para propiciar una urgente reactivación económica en el país. Lo que es preocupante es que estos aumentos ocurren en un ambiente dominado por crecientes índices de inseguridad, los que tenderían a repercutir negativamente en la inversión en la economía real; aquella que se relaciona con la producción de bienes, servicios y consecuentemente, con la creación de empleo.
Además de la inseguridad, se está teniendo una mayor brecha negativa de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Como ha sido recurrente, esa deuda externa está cerrando esa diferencia estratégica en las cuentas externas del país.
El gobierno Duque, para enfrentar este estado de circunstancias, está anunciando medidas de privatización. Se menciona un cambio de esos activos, dado que los ingresos de las ventas se destinarían a inversión en infraestructura. Aquí la dificultad que surge son los evidentes niveles de corrupción.
Otros países, incluyendo los europeos, lo que están fortaleciendo son medidas de mayor progresividad en los pactos fiscales que llevan a cabo: tan inmediatos como extraordinarios.
Giovanni E. Reyes
Ph.D. University of Pittsburgh/Harvar
Profesor Titular y Director Académico de Pregrados de Administración de la Universidad del Rosario.
