El ámbito de aplicación del concepto de las Personas Políticamente Expuestas (PEP) ha tomado cada vez más relevancia en la política mundial y en su inclusión en la lucha contra la corrupción y el soborno transnacional (C/ST), el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).
Colombia no ha sido la excepción a la regla. El país tiene la obligación de cumplir con diferentes obligaciones internacionales derivadas de acuerdos como la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
El país también debe seguir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, en su capítulo Latinoamérica, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y la Convención para combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
Sin embargo, se reconocen los avances del país, materializados durante los últimos años en la lucha contra los delitos derivados de LA/FT/FPADM.
Por este motivo, Colombia y sus entes de control han implementado y actualizado sus normativas, circulares, decretos y requisitos, y ampliado los cargos públicos a los que se deben considerar como PEP y las obligaciones que tienen que cumplir las entidades vigiladas al momento de vincular a una contraparte identificada como Persona Políticamente Expuesta.
Por definición, las PEP son aquellas que cumplen funciones o roles de ordenadores del gasto público que toman decisiones importantes en la contratación estatal o tienen incidencia en la política pública, por lo que son cargos representativos para una nación.
De acuerdo con el Decreto 830 de 2021, las PEP hacen referencia a servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, que tienen asignadas o delegadas funciones de:
- Expedición de normas o regulaciones.
- Dirección general.
- Formulación de políticas institucionales y adopción de planes.
- Programas y proyectos.
- Manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado.
- Administración de justicia o facultades administrativas sancionatorias.
- Particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos.
Dentro de algunos cargos se encuentran el presidente y el vicepresidente de la República, los consejeros, los directores y los subdirectores de departamento administrativo, los ministros y viceministros, los secretarios generales, los tesoreros, los directores financieros de los Ministerios, los Departamentos Administrativos y las Superintendencias o quien haga sus veces, para un total de 18 categorías de cargos PEP.
Ahora bien, ¿cuáles son las medidas que se deben implementar en las empresas cuando se identifica a una contraparte como PEP?
Las normas de gestión de riesgos de LA/FT/FPADM y C/ST establecen que es necesario aplicar una debida diligencia intensificada sobre las personas que ostenten la calidad de PEP, es decir, adoptar medidas adicionales y con mayor intensidad para el conocimiento de la contraparte del negocio, las operaciones, los productos y el volumen de sus transacciones.
Por todo lo anterior, una manera de dar cumplimiento a dicho proceso es mediante la tercerización de un servicio de debida diligencia ampliada e intensificada.
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- Prevenir el riesgo de lavado de activos y corrupción.
- Cumplir con los requerimientos normativos de ampliar la información de las contrapartes en materia de debida diligencia.
- Emitir una opinión experta con información legalmente obtenida para la toma de decisiones.
- Ampliar las novedades de las contrapartes, ante entidades públicas y privadas nacionales.
- Ampliar, analizar y suministrar explicación del origen de los reportes en listas internacionales vinculantes y restrictivas, entre otras, encaminadas a la gestión del riesgo de LA/FT/FPADM.
- Ampliar las fuentes de bases de datos locales, otras listas, noticias y otras fuentes.
- Ampliar la información relacionada con actuaciones procesales en casos vigentes, así como estados de los procesos judiciales de tipo penal ante las cortes y jueces.
- Identificar los representantes legales vigentes en el Registro Único Empresarial.
- Validar los estados financieros aportados por la contraparte.
- Identificar el ingreso probable de su actividad ordinaria más las obligaciones vigentes a corte de reporte.
- Identificar el endeudamiento global del PEP ante sectores económicos más endeudamiento con el Estado y reportes de mora más la probabilidad de pago y mora.
Identificar el relacionamiento del PEP con terceros, empresas y contratistas del Estado.
En conclusión, resulta beneficioso contar con un aliado estratégico como RISKS INTERNATIONAL - COMPLIANCE, que les permita a las empresas ampliar la información al identificar una contraparte considerada como PEP y, así, dar cumplimiento normativo, gestionar los riesgos de cumplimiento y reducir las pérdidas por los riesgos asociados (legal, operativo, reputacional y de contagio) con base en una debida diligencia ampliada o intensificada.
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