El 7 de agosto del 2026 se deberán adoptar medidas para corregir el rumbo del país. Tras el incremento del gasto público y la burocracia durante el gobierno de Gustavo Petro, será necesario implementar un decreto de austeridad que elimine gastos en viajes, viáticos y publicidad estatal.
Se deberá iniciar la reorganización del aparato estatal reduciendo duplicidad de funciones, fusionando dependencias y eliminando agencias que no aportan valor. Un ejemplo debe ser la supresión del Ministerio de la Igualdad, cuyas funciones deben ser absorbidas por el Departamento para la Prosperidad Social. Otro aspecto fundamental será la reducción del tamaño del cuerpo diplomático, cerrando embajadas y consulados innecesarios e impulsando la digitalización de trámites. Este esfuerzo debe abarcar la reducción de trámites presenciales y la eliminación de procesos notariales innecesarios, simplificando el acceso de servicios a los ciudadanos y promoviendo un Estado eficiente.
La política de austeridad debe incluir la racionalización del uso de vehículos oficiales y la limitación del uso de helicópteros y aviones de la Fuerza pública para actividades estrictamente militares, eliminando los abusos en el transporte de funcionarios. Además, de recortar asignaciones de seguridad para aquellos que no presenten un riesgo real, optimizando el gasto de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
En seguridad, se debe implementar un plan integral que refuerce la presencia de la Policía y las Fuerzas Militares en zonas urbanas y rurales afectadas por la criminalidad. Será necesario fortalecer los sistemas de inteligencia para anticipar y desarticular las organizaciones criminales. Será necesario derogar los decretos de gestores de paz y los que mantienen el cese al fuego con grupos armados, ante el evidente fracaso de la estrategia de Paz Total. La seguridad debe acompañarse de una revisión profunda de los programas sociales, eliminando aquellos ineficaces y consolidando esfuerzos para maximizar su impacto. La lucha contra la corrupción será fundamental, y se debe expedir un decreto de transparencia que obligue a publicar todos los contratos interadministrativos, los beneficiarios finales de quienes contraten con el estado y las declaraciones de renta de todos los altos funcionarios.
Por último, la protección de la economía será prioritaria. Se deberá promulgar una ley que agilice las consultas previas y la expedición de permisos ambientales, permitiendo que proyectos estratégicos avancen sin trabas burocráticas. Se debe permitir la explotación de recursos naturales no renovables para garantizar la seguridad energética y fortalecer las finanzas públicas, todo dentro de una política de transición energética responsable. Finalmente, se debe implementar un paquete de estímulo económico para las pymes, facilitando su acceso a crédito y apoyando su reactivación.
En el 2026, en 100 días, se deberán tomar medidas cruciales para reconstruir a Colombia.
