La actual ministra del Trabajo, activista del partido Comunista Colombiano, resolvió que el país necesita una suerte de reforma laboral que sería propia de escenarios como los de la revolución industrial entre 1760 y 1840, y no una para momentos tan importantes como el que hoy atraviesa el sector productivo nacional.
Debo anotar que una posible reforma laboral que vaya en línea con la presentada en la legislatura pasada, no busca generar empleos como pretenden hacerle creer a la ciudadanía, sino acrecentar el poder de los sindicatos y confederaciones de trabajadores, porque convierte en obligatoria la asociación y además autoriza la huelga en la prestación de los servicios públicos.
Un proyecto de reforma como el presentado por el Gobierno Petro a comienzos de año se constituye en un palo en la rueda para conservar los empleos actuales en la economía y para la creación de nuevos puestos de trabajo. De llegar a convertirse en Ley de la República una iniciativa de esa naturaleza, generaría externalidades negativas en el mercado laboral y por ende en la economía, sin contar con que no atendería a la necesidad actual que es la generación de empleo formal.
Para focalizar este artículo, quiero hablar de los efectos negativos que tendría una norma de ese estilo sobre las MiPymes, un segmento de la economía conformado por más de 1.6 millones de unidades productivas, que representa el 99.6% del tejido empresarial y genera 80% del empleo. De acuerdo con ACOPI, el Proyecto de Ley anterior tendría tres grandes incidencias empresariales nocivas para su sostenibilidad: la primera es que aumentaría la inflexibilidad en la contratación; la segunda radica en que iría en contravía de las tendencias actuales del mercado laboral y, por último, aumentaría los costos directos e indirectos laborales.
Para ACOPI, esa reforma habría acrecentado los costos no salariales entre un 17% y un 34%, lo que podría generar un desempleo de entre el 1.7% y el 3.4% y una caída en la formalidad de entre 7% y 14%. Adicional, según estudios publicados en Reportes de Mercado Laboral del Banco de la República, el mayor impacto de esa norma lo tendrían, por tamaño de la empresa, las MIPYMES; y por ramas económicas, actividades profesionales, de servicios de recreación, esparcimiento y otro tipo de servicios, de hotelería y turismo y el comercio. Para investigadores de Subgerencia de Política Monetaria e Información Económica del Banco de la República, de haberse aprobado esa
Ley se podría haber reducido el empleo formal en alrededor de 454.000 empleos formales en un plazo de entre tres y cuatro años.
No podemos encontrarnos nuevamente con una reforma ideologizada que desatienda las necesidades de los colombianos. Resulta increíble ver cómo la ministra del Trabajo, sin pudor alguno, manifestó que la reforma no buscaba generar empleo, cuando en la empleabilidad radica el desarrollo del ser humano y del país.
Muestra de lo anterior, es que esa reforma no pretendía solucionar las problemáticas del sistema laboral que ya fueron identificadas por la Misión de Empleo, como los malos incentivos de la protección social asociados a la forma en que se financia y a la calidad y reglas de acceso a sus beneficios; y un sistema de formación para el trabajo que no conecta con las demandas del sector productivo.
Pareciera que nos quieren devolver al siglo pasado en materia normativa, mostrando una total desconexión con la dinámica empresarial. A lo mejor, esto se debe al desconocimiento de los “técnicos” del Ministerio, o a la falta de capacidad de entender el mercado con un criterio de eficiencia dinámica, lo que implica ver los procesos de mercado como transmisores de nueva información, creativos, coordinadores, competitivos e inagotables, con la capacidad de cambiar las instituciones sociales según las necesidades actuales. Muestra de ello son las innovaciones en la forma como se trabaja actualmente y como se contrata.
Contrario a lo que ha planteado el Gobierno, el camino no es aumentar los costos y las regulaciones laborales. Necesitamos entender que el camino es la libertad y para ello debemos buscar un sistema educativo que logre conectar la oferta de empleo con la demanda de este.
Necesitamos dejar de castigar con impuestos altos a los empresarios por generar empleo, y necesitamos buscar un marco regulatorio flexible que permita la creación de nuevos empleos. También es indispensable la conexión con el mercado laboral internacional, la digitalización y el trabajo remoto, así como la revisión de un salario mínimo por regiones que responda a la productividad local. He dicho en reiteradas ocasiones que la riqueza no se reparte, sino que se crea, y no es posible crearla en medio
de un ambiente regulatorio que hace imposible la formalización y la creación de empresa.
Seguiremos buscando que más personas pasen de la informalidad a la formalidad, que los trabajadores tengan poder adquisitivo para satisfacer sus propias necesidades y nos opondremos con vehemencia y argumentos, a cualquier intento de aniquilar puestos de trabajo con reformas como la que feneció en la legislatura pasada.
Por: MARIA FERNANDA CABAL, SENADORA DE LA REPÚBLICA POR EL CENTRO
DEMOCRÁTICO.
