El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural explicó en medio de un debate, en la Comisión V de la Cámara de Representantes, que Colombia está demorada en tener un marco regulatorio estatal sobre la extranjerización y el acaparamiento de tierras.
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La jefe de la cartera, Jhenifer Mojica, indicó en este espacio la necesidad de regular de manera más sana y directa las normas de acaparamiento o de land grabbing, como se conoce en el exterior, esto, lo nombró en referencia a la situación presentada en el municipio de Puerto Gaitán, Meta que afecta a indígenas Sikuani, y que involucra a la comunidad menonita, una iglesia cristiana proveniente de varias naciones.
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La ministra explicó, citando una definición de la FAO, que el acaparamiento es un proceso de control territorial sobre los suelos y lo que hay sobre ellos, lo que implica la violación de derechos humanos e intervención de recursos no renovables. Según el organismo, se han detectado tres formas: la extranjerización, la concentración y la acumulación.
En la misma línea, la líder de la cartera dijo que la regulación no afectaría la inversión extranjera, sino que, por el contrario, la fomentaría al promover normas claras para las empresas foráneas que ingresen "al mercado, al mercado inmobiliario, sin poner en riesgo la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria”.
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Tierras colombianas.
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En Colombia la concentración de la tierra es evidente: el 5,4 % de los propietarios en Colombia tienen predios de más de 100 hectáreas, mientras que el 56,7 % de los propietarios poseen predios hasta tres hectáreas. “Es decir, unos pocos propietarios tienen predios grandes y muchos tienen predios pequeños”, puntualizó Mojica.
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