La comunidad del municipio de Vetas, Santander, denunció que no se ha podido reiniciar el proceso de delimitación del Páramo. Sobre este caso, El tribunal durante la pandemia le ha impartido dos veces órdenes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para avanzar en la delimitación, pero este sigue desacatando tales órdenes. Debido a esto, se contempla realizar tutelatones, demandas internacionales y otras acciones de presión ciudadana, pues sus familias y economía se mantienen en la incertidumbre.
El proceso de delimitación del páramo se encuentra actualmente estancado y las comunidades consideran que las actividades con el Gobierno no han dado frutos. Desde el pasado 4 de septiembre, los representantes de las comunidades de los 40 municipios involucrados en la delimitación del Páramo de Santurbán, y los representantes del Ministerio de Ambiente han venido trabajando en una serie de mesas virtuales con el ánimo de profundizar aspectos del proceso de concertación en la delimitación, así como buscar la obtención de avances sustanciales en un proceso de deliberación participativa.
Para las comunidades, sin embargo, las mesas virtuales no funcionaron ni permitieron avanzar, pues no se tuvieron en cuenta los estudios técnicos, sociales y económicos (ETESA). Además, consideran que el Gobierno sigue sin dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia T361 de 2017. “No han estudiado nuestra propuesta, la metodología que presentan para lo que ellos llaman reunión de concertación, confirma que el objetivo es socializar la delimitación que ya tienen lista”, afirma Ivonne González, directora de Dignidad Minera.
Los paramunos afectados le reclaman al Gobierno el no querer avanzar en el proceso de delimitación del páramo con excusas sobre las dificultades de continuar el proceso en la virtualidad. “Con el glifosato el gobierno sí pudo avanzar desde la virtualidad y abrir espacios con las comunidades para tomar decisiones de fondo, mientras en Santurbán se excusan en la pandemia y en problemas de conectividad (…) nosotros hemos fortalecido y demostrado nuestro deseo de participar en medio de un entorno hostil y difícil como la pandemia, demostramos poder participar de manera virtual, contrario a lo que los anti mineros y el ministerio decían”, recalca González.
Igualmente, la población señala que desde el Ministerio de Ambiente se les ha estigmatizado por ser de vocación minera y no se les ha brindado garantías. “La falta de objetividad en los funcionarios del ministerio era muy evidente. Da la impresión de que ellos tienen acomodado todo a su manera y hacen los ejercicios por cumplir con requisitos nada más”, asegura Orlando Rodríguez Ramírez, exalcalde de Vetas, Santander.
Ante este panorama, las poblaciones aseguran que saldrán a defender su entorno minero desde lo social y jurídico, pues les preocupa el silencio de los tribunales ante lo que perciben como incumplimientos por parte del Ministerio. Rodríguez afirma que “las medidas por la comunidad para avanzar en el tema es facilitar los medios tecnológicos, espacios presenciales, solicitudes escritas y en los medios, derechos de petición, clamores y finalmente hacer uso de las herramientas jurídicas”.
Dignidad Minera también afirma que están estudiando la posibilidad de presentar una demanda ante un organismo de justicia ambiental internacional, pues los habitantes de Vetas se encuentran en riesgo de ser desplazados por la delimitación que plantea el Gobierno sin haber concertado antes con la comunidad.
DEMORA EN EL PROCESO
La comunidad denuncia que no se ha pensado en las comunidades y los efectos que tiene la demora de la delimitación sobre sus actividades económicas. “En el ministerio existen funcionarios que se han dedicado a obstaculizar e imponer una delimitación hecha en un escritorio en Bogotá o por satélite, sin ningún estudio serio realizado en terreno”, recalca González.
Los pobladores aseguran que la incertidumbre afecta a la comunidad al no haber claridad sobre las actividades económicas que pueden realizar y sobre el desarrollo local de la infraestructura, educación, salud, sector productivo y social. Eso sin contar “la afectación psicológica y la pérdida de planes proyectos y sueños en el desarrollo de la vida de cada uno de los habitantes del páramo sin dejar de creer en nosotros mismos y en la lucha por defender nuestros derechos”, como afirma el exalcalde Rodríguez.
“Este proceso ha sido indolente, el ministerio lleva 4 años y no ha sido capaz de cumplir lo que la corte le ordeno en un año, están empeñados en dilatar de manera indefinida sin importarle que los costos de este proceso los asumimos las comunidades (…) La cuna y tumba de tantas generaciones cuidando nuestro páramo, hoy están en peligro de desaparecer junto a nuestro pueblo, por la ambición política de unos pocos”, concluye González.
