Incluir en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) el incremento de los aranceles a las importaciones de confecciones, mediante los artículos 274 y 275, fue uno de los temas que mayor controversia generó entre gremios del sector el año pasado.
En el primero en mención, se establecía un impuesto de 37,9% a las prendas traídas del exterior cuyo valor fuera menor o igual a US$20 por kilo. Por su parte, el artículo 275 estipulaba un arancel de 10% ad valorem- dependiendo del valor del producto- más US$3 por kilo bruto.
(Desde noviembre elevarían aranceles a las confecciones).
Cabe indicar que ambos aplicaban para artículos de los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas, es decir, prendas y complementos de vestir y no a las telas.
Dichas medidas entraron a regir a comienzos de noviembre del año pasado, pero fueron tumbadas este miércoles por decisión de la Corte Constitucional que las declaró inexequibles. Sin embargo, cabe decir que aún falta que se conozca el fallo oficial que entregue mayores detalles del tema, razón por la que Mincomercio prefirió abstenerse de dar una declaración al respecto.
De otro lado, es preciso decir que la determinación del alto tribunal se da luego de que los principales gremios del sector como la Andi, Analdex y Fenalco demandaran los artículos argumentando, entre otros, la falta de constitucionalidad de la medida.
Basados en este contexto, entre las razones de la Corte para tumbar los artículos 274 y 275 del PND estuvo que la facultad de establecer, modificar o quitar aranceles le corresponde al ejecutivo, específicamente al Presidente de la República, y no al Congreso.
(Ventas al exterior de textiles y confecciones, con buena cara).
Además, en caso de que el Jefe de Estado quisiera, podría fijar dichos impuestos mediante un decreto ejecutivo.
El año pasado, en un documento de 10 páginas, la Procuraduría consideró que los artículos eran contrarios a la Constitución Política.
En este dijo, que “para el Ministerio Público, el Congreso extralimitó sus competencias reguladoras en relación con el régimen de aduanas al establecer los aranceles a las importaciones, pues la atribución constitucional para desarrollar la materia corresponde al Gobierno a través de un decreto (…)”.
REACCIONES
Como a inicios del debate de la inclusión de los dos artículos en el Plan Nacional de Desarrollo, la decisión del alto tribunal también tiene sus defensores y detractores.
Para Javier Díaz, presidente de Analdex, esto le da una seguridad jurídica a los agentes económicos e inversionistas, pues la “Corte acogió la tesis de que el Congreso no tiene la facultad para establecer aranceles y que fue más allá de sus funciones (...) de no haberse definido esto, el Legislativo hubiera podido seguir definiendo este tipo de impuestos poniendo en peligro la política comercial del país”.
En línea con la posición anterior, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco resaltó la importancia de que este debate se haya dado desde lo jurídico y se haya amparado la facultad constitucional del Ejecutivo.
(Arranca el cobro de aranceles adicionales a las confecciones).
Cabe agregar que en su momento los gremios en mención habían dicho que los aranceles tendrían un efecto en los bolsillos de los colombianos, dado que verían incrementos de hasta 25% en el costo del vestuario.
Sin embargo, la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines (Cccya), aseguró en su momento que los impuestos eran buenos porque protegían a la industria nacional de mercados como el asiático que trae prendas a muy bajo costo lo cual dificulta la competitividad de lo local.
Por esto, la Cccya le pidió al presidente Iván Duque “cumplir sus palabras de campaña y que cuanto antes fije vía decreto las medidas tomadas por el Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo para proteger los miles de empleos y fortalecer nuestra industria”.
Según el gremio de los confeccionistas, en los más de 80 días que lleva la medida, el sector generó más de 30.000 nuevos empleos y evidenció un significativo incremento en las ventas.
En línea con lo anterior, María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, dijo que la decisión del alto tribunal confirma que la potestad de generar aranceles es del Ejecutivo, pero también agregó que la competitividad empresarial no puede depender de una norma arancelaria sino de las acciones que contribuyan a mejorar la productividad de las compañías.
Al Ejecutivo le corresponde “proveer las herramientas que le permitan a la industria de textiles y confecciones mejorar su productividad y su competitividad, pero sobre todo protegerla contra el contrabando, la competencia desleal y la entrada ilegal de mercancía a precios irrisoriamente bajos”, añadió la directiva de AmCham Colombia.
MÁS APOYO A LO NACIONAL
Si bien Fenalco y Analdex aplaudieron la decisión de la Corte, el primero de estos reiteró su apoyo a los confeccionistas para trabajar conjuntamente en el desarrollo de líneas de negocio que promuevan la producción nacional de confecciones, sin tener que recurrir al aumento de aranceles.
En este punto, Javier Díaz, directivo de Analdex, dijo que se debe reconocer que el sector confeccionista se enfrenta a la competencia desleal, pero que eso no se controla vía impuestos, sino con mecanismos que frenen el ingreso de productos a muy bajo costo por parte de la Dian.
“Si usted pone un arancel de 38% y le suma un IVA de 19% termina con sobrecostos, si hace las cosas legalmente. Esa medida le allana el camino al contrabando”, agregó.
