Aumento de transferencias a las regiones generaría un colapso financiero en el país

El Centro de Estudios Económicos Anif puso la lupa en un proyecto de acto legislativo que se mueve en el Congreso de la República y que ya lleva recorrido más de la mitad del camino que le exige la legislación nacional, con miras a aumentar las transferencias que por obligación debe hacer el Gobierno a los departamentos y municipios, dentro del principio de autonomía regional del que tanto se habla últimamente.

Se trata del Acto Legislativo N° 18 de 2024, que ya logró cuatro de las ocho aprobaciones requeridas para convertirse en ley y en su articulado busca generar un cambio en el Sistema General de Participaciones, con el que se define la plata que llega a las regiones, para que el Estado deba asignar una mayor cantidad de recursos, conforme se estableció hace más de 30 años en la Constitución del 1991.

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De acuerdo con Anif, si se da luz verde a este proyecto, se crearía una camisa de fuerza para el Gobierno Central, que corre el riesgo de quedarse sin dinero para nada más, teniendo en cuenta las cargas fiscales que ya enfrenta por temas como los subsidios y los rubros que se giran a los sistemas de salud y pensiones.

En diálogo con Portafolio, José Ignació López, presidente de Anif, sostuvo que la iniciativa en trámite derivará en un aumento sustancial de las transferencias, que actualmente se calculan con base en el crecimiento de los ingresos corrientes (ICN) de los cuatro años anteriores, pero no están atadas a un porcentaje fijo.

“Es muy importante que el país profundice en la descentralización y eso implicaría, tanto tener más recursos en las regiones, como un mayor nivel de ingresos y que haya más autonomía. Dicho esto, hay que resaltar que este acto legislativo lo que está haciendo es, atar las transferencias del Sistema General de Participación a un monto fijo de los ingresos corrientes de la Nación”, dijo López.

Dado que otro de los efectos que Anif advierte que se darán con este proyecto, es una completa inflexibilidad presupuestal, que elimina el margen para la inversión social del Gobierno y su funcionamiento, el Presidente del Centro de Estudios Económicos señala que es necesario dar primero un debate sobre las competencias de los entes regionales y el camino a seguir para realizar una correcta reestructuración de los ingresos y los gastos.

“Nosotros hacemos un ejercicio ilustrativo sobre este caso y es qué pasa si hoy, en 2024 estuviéramos ya en el nuevo sistema o bajo la nueva fórmula. Sólo las inflexibilidades del sistema de participaciones, de pensiones, intereses y vigencias futuras serían el 95% del presupuesto, es decir que el Gobierno no tendría recursos para su funcionamiento y habría que despedir todos los funcionarios del Ejecutivo básicamente”, agregó.

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Dicho esto, Anif es contundente al aseverar que en la práctica, esta reforma conduciría a la quiebra del Estado colombiano y pide que se analicen con detenimiento las implicaciones que puede acarrear para la economía, máxime en estos momentos en los que para el 2025 se prevé que la carga fiscal aumente y el país está corto de plata, gracias a problemas como la caída en el recaudo tributario.

Según ha explicado en varias oportunidades Ariel Ávila, ponente del proyecto, la propuesta busca aumentar gradualmente las transferencias de ingresos de la Nación a las entidades territoriales, pasando del 22% actual al 46% en 10 años. Este aumento, según su punto de vista, está respaldado por la Constitución de 1991 y busca reducir la pobreza en las zonas más apartadas del país, garantizando que los municipios tengan recursos suficientes para cumplir con las funciones que les delega el Estado.

El proyecto también plantea una ley de competencia, ya que los municipios se quejan de que el Estado les asigna funciones sin los recursos necesarios. Sin embargo, debido a que el tema está regulado por la Constitución, el proyecto requiere ocho debates en el Congreso, lo que complica su aprobación. Esto sin contar que no tiene el apoyo del Gobierno, lo que añade incertidumbre a su futuro legislativo.

Ávila también reconoce que la reforma al Sistema General de Participaciones podría generar una fuerte carga fiscal para la Nación, lo que podría llevar a extender el plazo de implementación más allá de los 10 años propuestos. A pesar de esto, se muestra optimista sobre el ambiente favorable en el Congreso, pero advierte que la reforma no debe comprometer la estabilidad fiscal del país.

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Sabiendo que ya surtió cinco de los ocho debates necesarios y que hasta el momento avanza sin mayores contratiempos, desde Anif plantearon la necesidad de poner el tema en la agenda pública y retomar el debate sobre avanzar en una descentralización efectiva y revisando las competencias regionales y cómo se asignan los recursos y enfatiza en que aumentar la autonomía implica no solo mayor control sobre el gasto, sino también establecer claras responsabilidades que permitan una gestión eficiente de los recursos.

“Debemos empezar a considerar un sistema de descentralización donde las regiones tengan mayor autonomía en sus decisiones. Esto implicaría reconfigurar los recursos, permitiendo que las regiones cuenten con más fuentes de ingresos y mayor independencia en la toma de decisiones de gasto, siempre bajo el principio de sostenibilidad”, acotó.

En su charla con Portafolio, José Ignacio López recordó que actualmente, el Gobierno Central capta gran parte de la renta a través de impuestos, pero luego la transfiere mecánicamente a las regiones, limitando su margen de maniobra, situación que se podría complicar si pasa el proyecto.

“Un modelo de descentralización es bienvenido, pero debe ser una combinación de esfuerzos, donde departamentos y municipios tengan más fuentes de ingresos y autonomía, sin depender únicamente de un esquema centralizado de recaudo y distribución. Este modelo, en su forma actual, ha reducido el espacio fiscal, y el proyecto en discusión lo eliminaría por completo”, concluyó.

Por último hay que destacar que entidades como el Departamento Nacional de Planeación han resaltado que la iniciativa en discusión no cuenta con un aval fiscal, por lo que se desconoce el impacto que realmente tendría sobre la economía local, al tiempo que destacan que desde la Casa de Nariño ya se está trabajando en este frente.