Minhacienda sobre el Presupuesto 2025: 'Hay que corregir interpretaciones equivocadas'

Durante esta semana, las conversaciones en torno al Presupuesto General de la Nación prometen ser protagonistas, no sólo por las reuniones del Gobierno con los ponentes del proyecto en el Congreso o por el debate que se realizó en la Comisión Tercera, sino porque se definirá lo que viene para las votaciones del Senado y la Cámara de Representantes, en medio de un contexto desafiante para el Ministerio de Hacienda.

Hasta el momento las conversaciones se han centrado en puntos como el recaudo que se espera que logre la Dian, la posibilidad de que el Estado no logre recaudar los recursos que dice que va a obtener y el recorte de la inversión. Así mismo, en el Legislativo no estarían conformes con las cuentas propuestas desde Casa de Nariño y debido a esto se habla de la posibilidad de regresarlo para que se ajuste.

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En medio de estos ires y venires, este lunes -20 de agosto- fue publicada una columna del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la que este funcionario dio un parte de tranquilidad a la opinión pública, destacando que el Presupuesto 2025 tiene cuentas ajustadas a la realidad, que no se está gastando de más y que hay compromisos de deuda que se adquirieron durante la pandemia y que deben ser cumplidos.

Según Bonilla González, el proyecto de cuentas para el próximo año se presenta en un contexto internacional desafiante, caracterizado por la desaceleración económica global con amenaza de recesión en Estados Unidos y China; tensiones geopolíticas y burbujas financieras que atentan contra el comercio internacional; y elevada deuda que amenaza el crecimiento potencial de la economía mundial.

El Ministro de Hacienda agregó que la deuda total (pública y privada) en las economías avanzadas asciende a 250% del PIB en promedio y que este es un dato que debe ser tenido en cuenta ya que son recursos que deben pagarse y constituyen una carga fiscal con la que Colombia debe moverse actualmente.

“Colombia no está desconectada de esta realidad y en materia de finanzas públicas lo que se ha observado es un incremento sustancial de la deuda pública, que pasó de 49% a 61% del PIB entre 2019-2020. Actualmente se encuentra en niveles de 54%, gracias al enorme esfuerzo fiscal del gobierno, pero con los compromisos de pago heredados”, agregó.

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Cabe recordar que, de acuerdo con el proyecto que ya tiene el Congreso, el presupuesto estimado para 2025 es de $523 billones, donde los ingresos se estiman en $511 billones y crecen 7,3%; mientras que los gastos ascienden a $523 billones y aumentan 3,9%, es decir, por debajo de la inflación. El diferencial de $12 billones se espera obtener con la respectiva ley de financiamiento como lo estipula la ley.

“La distribución de los gastos es la siguiente: funcionamiento $327,9 billones; inversión $82,5 billones y servicio de la deuda $112,6 billones. Mientras el gasto de funcionamiento crece 6,2% con respecto a este año, la deuda aumenta en 19,1%, advirtiendo que no es porque el gobierno haya endeudado al país, sino porque está honrando los compromisos adquiridos durante la pandemia. La consecuencia de esta presión fiscal y presupuestal se aprecia en el gasto de inversión que decrece 17,4%”, explicó al respecto.

En su columna, Ricardo Bonilla también se refiere a las acusaciones que se están haciendo por el aumento de los gastos de funcionamiento, punto en el que advierte que no es cierto que todo se deba a la contratación de personal en el Gobierno y sus entidades, ni a que haya derroche con los recursos de la Nación.

“Importante aclarar y corregir interpretaciones equivocadas sobre el aumento del gasto de funcionamiento. Es fácil caer en un error al pensar que el aumento de $308,9 billones a $327,9 billones en dicho gasto, obedece a mayor nómina o burocracia que llaman. Pues no, las plantas en general no se han modificado y el volumen de personas que trabajan en el sector público es el mismo, lo que ha cambiado son las condiciones laborales y algunos han ingresado por razones del concurso de méritos”, indicó.

Para explicar mejor su punto, el Ministro de Hacienda agregó que “el grueso del gasto de funcionamiento son las transferencias, donde está el Sistema General de Participaciones – SGP, pensiones, aseguramiento en salud, Fomag, entre otros. Dichas transferencias representan el 75% del gasto de funcionamiento, es decir, de cada $100 pesos de funcionamiento, $75 se deben transferir, el resto se distribuye en personal (18%) y compra de bienes (4,7%), entre otros”.

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Así mismo, indicó que no se puede hablar de Presupuesto para el próximo año, sin reconocer las inflexibilidades del presupuesto, correspondientes a gastos obligados, perentorios y constitucionales, punto en el que agregó que la deuda pasa de $95 billones a $112 billones; SGP de $70 billones a $82 billones; pensiones de $55 billones a $66 billones; gastos de personal de $55 billones a $60 billones; aseguramiento en salud de $36 billones a $42 billones y vigencias futuras de $23 billones a $22 billones, entre otros.

“La conclusión es que el 92% del PGN está comprometido y genera inflexibilidad, luego quienes sugieren la reducción del presupuesto están desconociendo dichos compromisos e implicaría incurrir en procedimientos inconstitucionales”, resaltó.

Este funcionario cerró reportando que “la distribución sectorial indica que el primer sector al que se le asigna buena parte del presupuesto es la deuda $112 billones, seguido de educación $79 billones (crece 12%), salud $67 (9%), defensa $61 (13%), hacienda $33 (-36%) y trabajo $53 (20% por el pago de pensiones), según el orden de montos asignados. En síntesis, es un presupuesto ajustado a la realidad internacional y cumple los compromisos del gobierno así como las respectivas normas fiscales”.