De acuerdo con la reciente encuesta de “Estabilidad Ocupacional Reforzada por Salud en Colombia”, hecha por ManpowerGroup, los costos empresariales de este indicador laboral afectan la generación de entre 2 y 3 millones de empleos en el país.
Es más, para las compañías, las protecciones, al no poder finalizar un contrato de trabajo con justa causa, por ejemplo con la terminación de una obra o labor, están impactando la dinámica del empleo formal, pues no hay un límite objetivo en la Debilidad Manifiesta, ni un límite en el tiempo para estas protecciones.
De hecho, el 86,7% de las empresas que manifestó tener casos de Estabilidad Ocupacional Reforzada por Salud, afirmaron tener casos de personas a las que debían terminar el contrato por justa causa y que por la protección no lo pudieron hacer, lo cual les generó costos adicionales.
“Esta estabilidad es una garantía para el empleado de permanecer en su puesto independientemente de su forma de vinculación y seguir percibiendo las acreencias económicas que de ese vínculo se generan”, explicó Javier Echeverri, presidente de ManpowerGroup Colombia.
De acuerdo con Echeverri, a partir de ese marco, las normas laborales han sido objeto de la interpretación de la Corte Constitucional que “ha creado diferentes protecciones para grupos poblacionales con características especiales, ampliando el alcance de la Ley 361 de 1997, al darle integración social, no solo a las personas en situación de discapacidad severa o profunda, sino extendiéndola a la salud por Debilidad Manifiesta”.
Para evidenciar las consecuencias, se entrevistó a 408 empresas de diferentes sectores y tamaños, para determinar el impacto directo en la generación de empleo y productividad de las interpretaciones constitucionales al principio de la Estabilidad Ocupacional Reforzada por Salud y la aplicación de la “Debilidad Manifiesta” en su sentido más amplio.
“El 57% de las empresas dice que ha tenido casos de protecciones reforzadas en los dos últimos años, es decir 15,5% por empresa anual y más del 80% debía terminar esos contratos y que no fue posible e implicó costos adicionales. Es decir que el 60% de las empresas en Colombia no puede terminar el contrato de esas personas con la estabilidad reforzada”, agregó Echeverri. Por la misma línea, el estudio muestra que cerca del 60% de las empresas de 50 a 249 empleados, ha desistido de contratar personal por temor a la Estabilidad.
“El 67% de las empresas generaría más empleo formal si no existieran estas cargas reforzadas y en el caso de las compañías de más de 250 empleados es de 73%. Eso sumado a que 52% de las empresas ha detectado el uso de documentación falsa, exageración de síntomas o manipulación indebida para lograr una protección”, señaló.
De acuerdo con el directivo, esta situación afecta entre 2 y 3 millones de empleos y en el caso de los emprendimientos puede significar su fin.
“Debemos buscar alternativas que realmente reviertan el alto índice de desempleo en el país”, dijo.
