El 70% de las entidades del orden nacional tiene más de la quinta parte de su información sin digitalizar. Una de cada tres instituciones (33,5%) no ha considerado digitalizar la información que tiene en papel.
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De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), esto significa que la digitalización aún se entiende como un medio utilizado para conservar documentos, sin reconocer el valor social y económico que se puede obtener de los datos contenidos en ellos, por ejemplo, mediante la optimización de servicios al ciudadano o la generación de nuevos modelos de negocio.
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Estos son algunos de los resultados de la “Encuesta de diagnóstico para la explotación de datos”, hecha por el DNP en el primer semestre de 2017 y basada en un cuestionario que se envió a 209 entidades del orden nacional.
Los resultados de la medición fueron complementados con una revisión específica a grupos focales de instituciones, de acuerdo con sus características.
Para Luis Fernando Mejía, director del DNP, la ausencia de cultura de datos evidencia un desafío de reconocerlos como un activo estratégico de la Nación.
“Solamente el 3,3% de las entidades cuenta con las condiciones para avanzar consistentemente hacia la implementación del Big Data y el aprovechamiento de los datos. El 96,7% restante requiere de intervenciones específicas para afrontar los retos actuales en cuanto a generación de valor social y económico con la explotación de datos digitales”, comentó Mejía.
Agregó, además, que de acuerdo con lo reportado por las entidades, solo se divulga digitalmente el 0,05% de los activos de información que son públicos y están digitalizados.
Otra cifra que evidencia la situación actual es que el 61% de las entidades enfrenta barreras para acceder a datos del sector público, argumentando que la mayor es el exceso de trámites, seguida de la complejidad de requisitos.
Esta primera radiografía le sirve al DNP, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018, para la estructuración de la política pública de explotación de datos (BigData) del Estado colombiano, que debe presentar como documento Conpes en este segundo semestre del 2017.
Esta política busca que los datos sean reconocidos como un recurso de infraestructura nacional de importancia estratégica, que debe gestionarse para la generación de valor social y económico. Así mismo, con estos insumos el DNP desarrolló un indicador de digitalización agregada para el Estado colombiano, el cual expresa los avances para masificar la digitalización en las entidades y se mide en un rango de 0 (cero por ciento de la información se encuentra digitalizada por el 100% de las entidades) a 1 (100% de la información se encuentra digitalizada por el 100% de las instituciones). “Encontramos que el indicador de digitalización agregada para el Estado se encuentra en un valor de 0,41, lo que evidencia que menos de la mitad de la información de las entidades públicas se encuentra en un formato digital en el que puedan extraerse los datos para su aprovechamiento, lo que sugiere que hay un valor potencial significativo aún por explotar”, comentó Mejía.
El Director del DNP llamó la atención también sobre el diagnóstico en cuanto al aprovechamiento de datos no estructurados, la ausencia de cultura de datos y la baja compartición de estos con el sector privado, detectados en la encuesta. “Solo el 33% de las instituciones afirman haber usado datos no estructurados en una solución de analítica de datos. El 54% de las entidades percibe que los datos abiertos de otras instituciones no son importantes para el funcionamiento propio. Y el 31% de las entidades del orden nacional aún percibe que compartir datos con el sector privado no es relevante”, explicó Mejía.
Con este ejercicio, el DNP quiso conocer las principales necesidades y realidades de los entes públicos, respecto de la captura, almacenamiento, procesamiento y análisis de los datos e información que se generan en sus respectivas dependencias.
El director del DNP agregó que, si bien hasta el momento el país no cuenta con una política para aprovechamiento de datos, existen otras intervenciones que impactan la generación de algunas condiciones iniciales para ello. Por ejemplo, Colombia ha avanzado de manera muy significativa en la formalización de acciones de Gobierno orientadas a publicar algunos datos de las entidades gubernamentales y cuenta con un portal público en internet que los centraliza.
“En Colombia, la principal barrera para implementar el BigData que mencionan las instituciones es la falta de capacitación en analítica de datos. La segunda barrera más importante es la falta de calidad de los datos, seguida de la complejidad para acceder a estos”, comentó Mejía.
