Colombia ha hecho notables avances en la creación de instrumentos para lograr un mayor nivel de transparencia y, de hecho, ya tiene un puesto ganado en el contexto internacional en cuanto a la implementación de estrategias de ‘Gobierno en línea’. Sin embargo, se requiere que los ciudadanos ejerzan el derecho de información con relación a las actuaciones del Estado.
Andreyevich Reales, gerente General de Nexura, una firma especializada en brindar soporte tecnológico, habla del tema.
¿Qué tan efectivos han sido los programas del Gobierno en este campo?
Primero hay que señalar que la transparencia es un índice que se mide
internacionalmente y permite la participación. Es decir que en el momento en que se genera se da automáticamente la participación, porque, por ejemplo, los documentos relacionados con el manejo de dineros públicos están publicados en la web y así los ciudadanos pueden ingresar a consultar.
¿Cómo está Colombia?
Según el Informe anual ‘Corruption perceptions index 2016’, de la Organización Transparencia Internacional, dentro de 176 países del mundo, Colombia se ubica en el puesto No 90, por encima de naciones de Latinoamérica como Perú (101), México (123) y Venezuela (166), y superado por Chile (24) y Uruguay (21). Se evidencia que en todo el mundo la corrupción sistémica y la desigualdad social se refuerzan mutuamente.
Además, está en el cuarto puesto del Índice de Datos Abiertos, para que los ciudadanos puedan acceder a la información, siendo los primeros Taiwán, Reino Unido y Dinamarca.
También, en el Índice Internacional de Participación Electrónica, que es una medición de la ONU, está de 27. Este implica que la gente pueda interactuar con las plataformas y que las políticas publicas se discutan con los ciudadanos.
¿Hay alguna experiencia de participación ciudadana digna de mencionar?
En Colombia hubo un ejercicio muy exitoso que fue alrededor del Plan Decenal de Educación, previo al cual fueron por los departamentos y ciudades discutiendo la política, pero además se colgó el texto en la Urna de Cristal, otra de las iniciativas del Gobierno.
Pero nos es que el Gobierno nos pregunte demasiado, en foros abiertos, cómo queremos por ejemplo pavimentar una vía o construir un parque.
¿Qué tanto se usan los mecanismos de Gobierno en línea?
Datos del 2015 indican que el 82% de los ciudadanos y el 79% de las empresas ya han hecho alguna interacción con el Estado. Eso quiere decir que no solo participan, sino que piden información en una red social oficial o que hacen alguna radicación de un tramite, queja o reclamo. Hoy en día el mecanismo más usado son los derechos de petición, que se pueden hacer por medios electrónicos o físicos.
¿Por qué el índice es menor en las empresas?
Las compañías tienen barreras, como no entender los menús de funcionamiento del Estado; segundo, que el servicio no es tan eficiente, y tercero, que muchos trámites no se pueden concluir a través de internet. Por ejemplo, el RUT se empieza por la web, pero hay que concluirlo yendo a una oficina, por lo cual las firmas deciden hacer todo el trámite de manera física.
¿Cuáles son las experiencias que mejor resultado han dado?
Una es Urna de Cristal, una estrategia de la Presidencia para temas de transparencia y participación. Es un punto único de contacto donde el ciudadano puede preguntar algo sobre el Estado, sea un procedimiento o sobre transparencia, y le responden por allí mismo.
¿Sí se utilizan las herramientas disponibles?
Uno de los índices que hay es el de cultura de la legalidad, del Observatorio de Transparencia, porque la corrupción se mide es en función de la transparencia. Entonces, en rendición de cuentas, a través de medios tradicionales, estamos en ‘alerta’, en amarillo, no en verde, con un 62%, porque las entidades sí hacen ejercicios de rendición, pero muy cerrados; no es un informe tan abierto como cuando se van a hacer elegir en cargos públicos.
Igualmente, es interesante el Indice de Gobierno Abierto (IGA), del mismo observatorio, que mide qué tanto las instituciones públicas dan a conocer su información, si los ciudadanos preguntan y les responden. No es que la gente se desviva por hacer ejercicios de transparencia, definitivamente falta participación ciudadana.
¿Hay normas suficientes para evitar la corrupción en el sector privado?
Sí, el estatuto anticorrupción es un arma muy potente, pero parece que los ciudadanos y las empresas no lo hemos asimilado, porque no podría suceder, por ejemplo, que quien es hoy tu supervisor en un contrato sea después tu asesor, y es una práctica común.
