Actores de la salud, que suman un poco más de 160, enviaron una misiva al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pidiendo el traslado presupuestal por $2,5 billones de funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social hacia el aseguramiento en salud, el cual no cuenta con los recursos necesarios para cubrir el compromiso gubernamental de girar el valor de UPC y presupuestos máximos aprobado para el año 2024.
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De acuerdo con los ciudadanos, los fundamentos de la solicitud parten de que el Minsalud se decidió apropiar de $5,05 billones para usos a los originalmente planeados en términos de aseguramiento, priorizando áreas que, aunque importantes, requieren inversiones con recursos nuevos y “no ser objeto del desplazamiento de los recursos que hoy en día se utilizan para prestar servicios de salud”.
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Así mismo, aseguran que los recursos destinados a garantizar este derecho fundamental han sido gestionados por el Ministerio de Salud y Protección Social para financiar personal e infraestructura en las regiones. Sin embargo, su empleo inapropiado ha afectado la efectiva realización de este derecho.
“A la fecha se han girado $1,6 billones y se registra una disminución en su apropiación por $900.000 millones (aún a la espera de identificar a qué rubro se adicionarán esos recursos), quedando disponibles $2,5 billones, según información registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)”, anuncian.
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En general, aprecian los esfuerzos por mejorar la infraestructura y la capacidad de personal, sin embargo consideran que los recursos correspondientes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y Presupuestos Máximos deben girarse de manera oportuna y prioritaria como medio para proteger el derecho fundamental a la salud.
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“Los recursos remanentes son necesarios para el financiamiento de la UPC al cierre del año. A la fecha, y de conformidad con el ritmo de gasto al mes de mayo, se requerirá una incorporación adicional mínima de $2,3 billones a este rubro. La UPC financia más del 97% de los servicios de salud y es la garantía del derecho fundamental”, exponen.
Denuncian que a pesar de que tanto el Ministerio de Hacienda como el DNP advirtieron al Minsalud sobre la necesidad de usar esos recursos para garantizar el cierre financiero del aseguramiento, esto no se ha concretado. Hecho que de no efectuarse, el derecho a la salud se verá comprometido “gravemente” a mitad de año.
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“La transferencia de estos recursos sólo garantizaría que se cuente con los recursos necesarios para el giro de UPC que se encuentra planeado, es decir, no soluciona los problemas de insuficiencia que también debe afrontar el Gobierno nacional ni la financiación de los presupuestos máximos”, argumentan.
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Es de esta manera, que los actores le sugieren “respetuosamente” a la cartera de Hacienda que se priorice el gasto público en salud y se garanticen los mínimos necesarios para proteger el derecho fundamental en salud.
“Solicitamos respetuosamente que se considere esta reasignación presupuestal, la cual es necesaria para cubrir los compromisos mínimos del Gobierno nacional con la garantía del derecho fundamental a la salud de todos los colombianos”, concluyen.
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