Análisis: ¿El sistema de salud en Colombia está en 'cuidados intensivos'?

Cualquier modelo de parte médico, de esos que se encuentran en internet, serviría para decir que “el estado del paciente es muy grave y, a pesar de los tratamientos aplicados, sus signos vitales empeoran pues la enfermedad afecta a otros órganos”. Pero aquí no se trata de una persona, sino de la situación del servicio de salud en Colombia, cuyo balance actual es francamente crítico. La razón va mucho más allá de la cada vez más deteriorada situación financiera de las EPS, que son el primer eslabón de la cadena de un modelo de aseguramiento todavía vigente.

Tal como se había advertido desde hace meses, el efecto dominó ya recayó sobre los demás actores, entre los que destacan clínicas, hospitales y, por supuesto, pacientes. Los datos hablan por sí solos.

Según los registros de quejas y reclamos que lleva la Superintendencia Nacional de Salud, en lo que va del año se ha alcanzado un máximo histórico con incrementos de doble dígito frente al año precedente, debido a circunstancias como las barreras de acceso a tratamientos y medicinas.

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Por su parte, el boletín correspondiente a agosto de la organización Así Vamos en Salud muestra que en el primer tercio de 2024 se contabilizaron más de 84.445 tutelas, lo que equivale a un crecimiento de 42% frente al mismo periodo del calendario previo.

“Esto sugiere un deterioro de la garantía del derecho a la salud, por lo menos desde la óptica de los usuarios del sistema”, sostiene la organización. De manera casi paralela, el empeoramiento en la realidad financiera de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) también ha alcanzado cifras récord.

El informe de cartera que desde hace 25 años publica la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales concluyó que, hasta diciembre pasado, a estas instituciones les adeudaban 16,8 billones de pesos, unos 700.000 millones más que un semestre atrás. Esta crisis financiera es más silenciosa que la de las EPS, pero no menos grave.

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Por muy diversas razones, que van desde el apego al juramento hipocrático hasta el temor a que los bancos les cierren las puertas, a la mayoría se les dificulta exponer sus cuitas de manera individualizada.

“Las IPS quieren seguir operando y mantenerse abiertas”, comenta un directivo de una de las más importantes del país. “Para eso deben sostener buenas relaciones con sus fuentes de ingresos, buscar acuerdos de pago, evitar decisiones radicales con sus empleados”, añade. “No es un mito: están haciendo hasta lo imposible para mantenerse a flote, pero ya casi llegan al punto de quedarse sin recursos para comprar insumos, y ese será el punto de no retorno”, advierte.

Todavía faltan datos para dimensionar adecuadamente el impacto que tiene la crisis económica en la prestación de servicios de salud. El aumento de camas hospitalarias en Colombia entre 2023 y 2024, de 100.961 a 101.547 (un uno por ciento), incluso podría ser un indicio de que las cosas no están mal.

Pero otras evidencias dicen lo contrario. Un análisis próximo a ver la luz –realizado a partir de noticias, publicaciones en redes sociales, blogs y comentarios en la web– revela un aumento del 119 por ciento en menciones a incidentes como iliquidez, falta de pago a empleados y recorte o cierre de servicios en las IPS. Titulares y notas de prensa de los últimos meses dan cuenta del fenómeno a lo largo y ancho del país.

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En junio, medios de Santa Marta reportaron que las trabajadoras de la IPS Subsanar bloquearon la avenida del Libertador por falta de pago, y lo mismo denunciaron los trabajadores de la IPS Vivessalud de Armenia y de Medicuc en Cúcuta.

En Riohacha, incluso renunciaron los pediatras del hospital público Nuestra Señora de los Remedios. Mientras tanto, los médicos de la IPS Virrey Solís de Ibagué protestaron porque, debido a la falta de recursos, debían atender pacientes en apenas cinco minutos. Y en la clínica Foscal de Floridablanca se reportó una ocupación del 270 por ciento en el servicio de urgencias, atribuida al cierre de otras IPS en la región. Casos similares se han presentado en múltiples poblaciones.

A su vez, las EPS van de mal en peor. Un estudio de la firma Sectorial.co muestra que la proporción entre gastos e ingresos (técnicamente llamado índice de siniestralidad), que debería ser inferior a 100, llegó a 103 en 2021, a 106 en 2022, a 109 en 2023 y sigue empeorando en 2024: en el primer trimestre alcanzó el 113 por ciento.

Incluso entidades caracterizadas por su adecuado manejo comenzaron el año con el pie izquierdo. Así lo sugiere una siniestralidad del 125 por ciento en Sura o del 100,7 por ciento en Salud Total, cuya fotografía revela la magnitud de los problemas actuales. Como si eso fuera poco, la marcha de las entidades intervenidas recientemente es inquietante.

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Durante una sesión de control político que tuvo lugar la semana pasada en la Comisión Séptima del Senado se reveló que la siniestralidad de la Nueva EPS se disparó al 151 por ciento, algo que vuelve a confirmar que el Estado es un muy mal administrador.

No se puede desconocer que el incremento de varios indicadores negativos es algo que sucede desde tiempo atrás. Señalar al gobierno de Gustavo Petro como responsable de todo lo que está ocurriendo, desconociendo que hay problemas estructurales y acumulados desde hace varias décadas, sería injusto. Ahora bien, lo que sí se le puede criticar es la incapacidad para cumplir la promesa de revertir las tendencias y de haber ahondado el tamaño del problema.

De acuerdo con Andrés Vecino, investigador en sistemas de salud, las dificultades para frenar el incremento de los números rojos se pueden atribuir a una estrechez de recursos generalizada que ha acelerado el círculo vicioso de ausencia de plata. Pero el que más peso tendría “es la falta de voluntad financiera para corregir los problemas del sistema de salud”. Un ejemplo de ello acaba de observarse.

En una carta dirigida al ministro de Hacienda, más de un centenar de personalidades –incluyendo exministros, excodirectores del Banco de la República, exdirectores de Planeación Nacional, el Dane y Colpensiones– solicitaron al Gobierno trasladar 2,5 billones de pesos del presupuesto del Ministerio de Salud desde el rubro destinado a infraestructura y personal en las regiones hacia el de aseguramiento en salud. Según la misiva, la entidad había tomado la decisión inédita de apropiar 5,05 billones “para usos distintos a los originalmente planeados”.

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De consumarse la reorientación, no habría cómo cumplir los giros pendientes en los meses que vienen, agravando las dificultades de caja. Rápidamente, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se negó a aceptar la solicitud. Argumentó que el monto anual por usuario del sistema que el Estado entrega a las EPS había crecido por encima de la inflación e insinuó un uso indebido de los recursos que estas entidades deben aprovisionar para el pago de servicios.

“Hay decenas de billones de pesos de reservas técnicas extraviadas”, escribió el mandatario. Semejante respuesta comprueba que, a pesar de los mensajes orientados a la búsqueda de soluciones de consenso, en la práctica las posturas no han cambiado. En concreto, el Gobierno se mantiene en la narrativa según la cual los recursos son suficientes y son girados oportunamente por la Adres a las EPS y a la red hospitalaria para que estas, a su vez, paguen a los distintos proveedores.

Desde este punto de vista, los problemas financieros tienen su origen en la opacidad en el manejo de los dineros, la intermediación, la ineficiencia, la corrupción y la integración vertical. Esta última, de acuerdo con la postura oficial, crea incentivos para que las utilidades de los conglomerados del ramo se trasladen a las clínicas propias o a sus planes de medicina prepagada y para que los gastos se dejen en las EPS.

Para el Ejecutivo, el flujo usual se mantiene y asciende a unos siete billones de pesos mensuales. De acuerdo con Félix Martínez, director de la Adres, esta entidad “siempre ha girado con precisión cronométrica los recursos del régimen subsidiado antes del día 10 de cada mes, y los del régimen contributivo cada semana”.

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En la otra orilla, diversos académicos, asociaciones de pacientes y gremios insisten en la urgencia de inyectar más fondos, comenzando por los atrasos identificados por la Corte Constitucional que dio instrucciones al respecto.

De acuerdo con Ana María Vesga, presidenta de Acemi, el principal gremio de las EPS, “es indispensable un consenso técnico sobre el financiamiento del sistema, el cual debe partir por aceptar que la UPC es insuficiente y que los actores no pueden soportar el riesgo financiero de la mora recurrente en el pago de los dineros de presupuestos máximos que cubren esencialmente medicamentos de alto costo”.

Según la dirigente gremial, sin esto resuelto no es razonable pensar en el cambio de modelo que plantea el Gobierno. “Resolvamos el hoy, que es muy crítico”, añade. No obstante, el Ejecutivo sigue empeñado en volver a presentar un proyecto de reforma, el cual se radicaría en el Capitolio la semana que viene.

A pesar de las reuniones con múltiples asociaciones y agremiaciones, quienes saben del asunto sostienen que la administración Petro sigue sin ceder en los puntos que condujeron al naufragio de la iniciativa durante la legislatura pasada. Suena increíble, pero a pocos días de que se conozca la propuesta continúa el debate interno dentro del gabinete sobre si esta debe presentarse como ley estatutaria u ordinaria, cuyos procedimientos e instancias de trámite son distintos.

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Por cuenta de esa circunstancia, las probabilidades de que el Congreso le dé luz verde a un texto del mismo tenor de siempre son pocas, a menos que realmente se haga un esfuerzo por conciliar posiciones.

Irónicamente, los diferentes bandos coinciden en que a estas alturas seguir en el limbo actual tampoco es la solución. Conservar el statu quo solo servirá para que el tamaño de los problemas sea todavía mayor, mientras crece la probabilidad de que venga una verdadera implosión que lleve a la suspensión masiva del servicio. Dicho lo anterior, la propuesta original del Pacto Histórico, referente a un sistema primordialmente estatal, concentrado en la prevención, origina incontables dudas.

Basta con ver el descalabro que ha sido la atención que reciben los maestros para darse cuenta de que una cosa es el discurso oficial y otra su ejecución práctica, sobre todo cuando la capacidad gerencial escasea y el espacio para los abusos aumenta. Que el panorama se ha oscurecido mucho es algo imposible de negar.

Los testimonios dados por los secretarios de salud departamentales el pasado 21 de agosto en el Congreso sirven para constatar que son los colombianos del común los que ya pagan a título personal las consecuencias de un inmenso desbarajuste institucional y financiero.

Como expresa Álvaro Puerto, presidente de la IPS Sies Salud, la situación ya no da espera y es necesario aceptar que hay problemas estructurales que vienen del pasado, que muchas de las críticas desde las distintas orillas tienen la razón, que se requieren consensos urgentes y una reforma corta y enfocada. “Las consecuencias de prolongar el debate y la incertidumbre van a ser muy graves, porque el tiempo en salud no se mide en días, sino en vidas”, puntualiza.

RICARDO ÁVILA
En X: @ravilapinto