Con el argumento de que el sector de las telecomunicaciones vive una fuerte recesión, ayer Asomóvil –cuyos afiliados son Claro, Tigo y Telefónica, los tres principales operadores en el país– le pidió al Gobierno que tome medidas para dinamizar ese renglón.
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Específicamente, solicitó que se invierta parte de los 4,7 billones de pesos que recibió recientemente el Estado de Claro y Telefónica, además de otros recursos que no se ejecutaron del Fontic, el fondo que tiene el Ministerio de las TIC para promover el acceso de los colombianos en peores condiciones económicas a la digitalización. Entre todo, serían cerca de dos billones de pesos, que irían a la infraestructura de dicho sector.
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Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomóvil, aseguró que el sector lleva siete trimestres consecutivos padeciendo una ralentización y, por eso, es necesario inyectarle recursos a la industria para aumentar la cobertura y mejorar la velocidad de las telecomunicaciones.
En la primera década del siglo XXI, las telecomunicaciones habían tenido una fuerte expansión, pero el auge terminó en el tercer trimestre del 2010, con un 11%, y de ahí en adelante se mantuvo por debajo.
Aun así, Asomóvil explicó que, entre el 2010 y el 2016, su sector le inyectó a la economía colombiana 10.068 millones de dólares, que equivalen al 25% de la inversión total que hubo en ese periodo.
La situación se ha agudizado en los dos últimos años, de suerte que van siete trimestres de crecimiento negativo. El dato del lapso abril - junio del 2017 muestra un saldo rojo de 0,5% (ver gráfico).
Como consecuencia, se ha desalentado la inversión. Citando cálculos del Bank-Merril Lynch, Asomóvil indicó que dos de los principales proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PR-ST) redujeron su inversión en un 11,9%, en Colombia, entre el 2015 y el 2016, en tanto que el Plan Nacional de Desarrollo había previsto que iban a aumentar en 8% en el mismo periodo.
Según la presidenta del gremio, el ambiente de recesión es producto de la devaluación del peso frente al dólar, las cargas regulatorias, las contribuciones e impuestos que deben cubrir, así como el golpe que recibieron por el tribunal de arbitramento. Incluso, destacó que podría estar en riesgo la licitación por la franja del espectro en los 700 megahertz, pues las empresas no están incentivadas, ni tendrían con qué pujar.
En eso sustenta su petición de que el Gobierno tome medidas de choque para ayudarle a la industria.
Una de ellas, según su propuesta, es que se bajen las contribuciones. Otra es que, para mejorar la conectividad, se destine un billón de pesos, los cuales fueron monetizados por Claro y Telefónica para cubrir los casi 4,8 billones de pesos que un laudo las obligó a restituir al Estado como valor de la infraestructura que usaron para ejecutar la primera concesión de telefonía celular que se otorgó en el país.
Pero habría otro billón adicional que el Fontic le transfirió a la Nación en tres años recientes.
“Ese dinero debería ser revertido al sector. Nada más productivo que Colombia tome una decisión estratégica de reinvertir esto en la rama más transversal de la economía, como son las TIC, y que podamos generar mayor competitividad para nuestras empresas”, dijo Gutiérrez.
Recordó también que aún la mitad de los colombianos no accede a internet móvil y cuatro de cada cinco no tiene un plan de datos que le permita un uso productivo de esta herramienta.
La propuesta fue apoyada por el presidente de la Cámara Colombiana de la Informática y Telecomunicaciones, Alberto Samuel Yohai.
“La política pública tiene que acompañar nuevamente al sector para generar un ambiente de inversión y confianza, porque en este momento se siente una inseguridad jurídica”, indicó Yohai, aludiendo al laudo contra Telefónica y Claro.
Por su parte, el jefe de la Oficina de Planeación del MinTIC, Juan David Olarte, explicó que el Fontic está obligado –por ley– a transferir a la bolsa común de la Nación sus excedentes y ve difícil que el billón del que habló Asomóvil, por ese concepto, pueda retornar.
“A estas alturas no se puede, porque esa plata entra para financiar otros gastos”, añadió.
Aclaró que, entre el 2016 y el 2017, no ha habido transferencias al erario, porque no se ha generado superávit.
No obstante, no ve descabellado que parte del dinero del laudo se quede en el sector. Es más, reveló que ya el ministro de las TIC, David Luna, le envió una carta al Minhacienda y a Planeación, para que consideren la posibilidad de que le giren 500.000 millones de pesos de este dinero.
