La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado informó que la Nación había perdido un laudo arbitral contra Glencore, dueña de Cerrejón y de Prodeco, por un proceso relacionado con la construcción y el uso de Puerto Nuevo, en Magdalena.
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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) fue la instancia ante la cual la multinacional Glencore presentó el proceso de arbitramento, señalando que el Estado colombiano había violado el Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza sobre la promoción protección recíproca de inversiones.
El proceso se llevaba a cabo desde 2019, puesto que en 2016 la Superintendencia de Industria y Comercio formuló un pliego de cargos contra Puerto Nuevo y Prodeco, filial de Glencore, por "obstruir el uso del puerto público a terceros exportadores de carbón". En este caso, la situación habría beneficiado a Prodeco en detrimento de otros exportadores.
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De acuerdo con la entidad, esto generó una presunta situación anticompetitiva con respecto a la exportación de carbón por medio de este puerto.
Glencore alegó ante el tribunal que el efecto de la violación del tratado binacional y la actuación de la SIC "habría permitido que la multinacional Drummond se beneficiaría de una situación anticompetitiva que le permitió aprovecharse de un canal de acceso, sin pagar por su construcción ni uso", según informó el Agencia.
No obstante, el tribunal internacional señaló que era "injustificado que Colombia no regulara la distribución equitativa de los gastos relacionados con la construcción y el mantenimiento del Canal de Acceso entre sus usuarios".
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Por este motivo falló a favor de Glencore, que junto con Prodeco y Puerto Nuevo fueron accionantes del caso. El tribunal ordenó a la Nación a hacer el pago de 15% de la pretensión inicial de la compañía suiza, es decir $37.800 millones, de los $252.000 millones que buscaba que se le reconocieran por sus afectaciones durante el proceso.
El Ciadi estimó que los demandantes "exageraron" en sus cálculos sobre la indemnización que se le debía pagar. El cálculo del pago que finalmente se estableció obedece a la baja en exportación de carbón por parte de los demandante.
"El Estado considera que el laudo es sorpresivo a la luz de la evidencia obrante en el expediente. El Estado rechaza que una condena en un arbitraje de inversión pueda realizarse en menos de 5 páginas, en las que el tribunal omitió realizar un análisis de pruebas y argumentos fundamentales presentados por el Estado en su defensa", señaló la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en un comunicado.
Adicionalmente señaló que se está estudiando la viabilidad de hacer una solicitud de anulación del fallo emitido.
DANIELA MORALES SOLER
Periodista de Portafolio
