Presupuesto 2025: discusiones avanzan entre peticiones de confianza y certezas

Con la mira puesta en cumplir el plazo que establece la ley para que se apruebe el monto del Presupuesto General de la Nación antes del 15 de septiembre y con la advertencia de que ya no se puede devolver este documento para su corrección, el Congreso y el Gobierno Nacional vienen trabajando ininterrumpidamente desde la semana pasada, para ajustar y revisar las cuentas de este proyecto, cuya votación comenzará la próxima semana.

Hasta el momento las conversaciones entre los ponentes y coordinadores de la iniciativa y los delegados de Casa de Nariño, en cabeza del Ministerio de Hacienda, han sido cordiales, pero se han movido entre las peticiones de confianza por un lado y de hechos que den certeza por el otro; puesto que hay varios puntos que generan dudas al Legislativo, principalmente en lo relacionado con los ingresos esperados.

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El potencial de recaudo de la Dian, los aportes de utilidades, el incremento del gasto, así como el manejo de la deuda y las asignaciones presupuestales a entidades como Prosperidad Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura, son parte de los temas que se han tocado en lo que va corrido de las charlas; que se espera que se extiendan durante los días que vienen.

Con el fin de conocer los detalles de estos encuentros y el estado en el que se encuentran los diálogos para definir lo que finalmente se votará la próxima semana, Portafolio conversó con Wilmer Castellanos, representante de Alianza Verde y uno de los coordinadores ponentes del proyecto de Presupuesto, quien indicó que todo avanza bien por el momento.

“Lo que estamos haciendo es escuchar a cada uno de los ministerios y de las entidades adscritas al Gobierno para revisar la asignación presupuestal de cada uno de esos ministerios y de esas entidades, pero también la ejecución del año 2024 con el fin de evaluar qué entidades llevan una mejor gestión en su ejecución”, explicó.

De acuerdo con Castellanos, la idea de esto es saber cuáles son los sectores que merecen tener mayor asignación presupuestal y determinar qué entidades no están tan bien en la materia, “para obviamente también tener en cuenta en el debate y la discusión la reducción obviamente al presupuesto por incapacidad de ejecución”.

Por parte de la gobierno Petro, el equipo de negociaciones para el Presupuesto General de la Nación está conformado por el director de Planeación Nacional, Alexander López, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quienes han coordinado las presentaciones en las que se vienen mostrando los estados de caja, ingresos y gastos del Estado.

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Al largo de los encuentros, según contó a Portafolio el representante Wilmer Castellanos, se solicitó al Gobierno que detallara las fuentes de financiación que sostendrán el presupuesto propuesto de $523 billones para 2025, frentea los cuales hay un punto de alerta por la capacidad de recaudo que se está proyectando para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ya que en las condiciones actuales ven poco viable que se puedan cumplir.

“Es el punto que denominaron como mayor eficiencia de la Dian, con el que pretenden un mayor recaudo, que incluso supera lo estipulado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo proyectado para el año 2025, que eran $289,9 billones y que ahora se pone sobre $304,5 billones. Ahí hay una diferencia de $14,6 billones que deben sustentarse mejor”, agregó.

Para el coordinador ponente del proyecto de presupuesto, hay que tener en cuenta alertas como las del Carf, que pone en tela de juicio esta capacidad de recaudo, argumentando que se necesita una gran cantidad de personal para lograrlo y que si bien la misma autoridad tributaria dice que contratará más de 4.000 nuevos funcionarios, todavía no hay un proceso concreto. A esto hay que sumar la falta de equipos tecnológicos.

La caída en las utilidades de Ecopetrol y la incertidumbre sobre los dividendos futuros de esta y otras entidades estatales aumentan la preocupación en el Congreso. Los legisladores exigen mayor claridad sobre la ley de financiamiento y las estrategias para garantizar un flujo de ingresos estable. Sin una planificación financiera sólida, temen que el Presupuesto 2025 enfrente riesgos de ejecución y sostenibilidad.

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Pese a que el Ministerio de Hacienda y el DNP han reiterado durante las reuniones que es necesario el voto de confianza del Congreso, el representante Castellanos fue enfático en que la respuesta del Legislativo ha sido que todo depende de las certezas que se brinden frente a la estrategia de recaudo y la solidez de los ingresos.

En este sentido agregó que hay incertidumbre sobre el impacto de la próxima Ley de Financiamiento en diferentes sectores de la economía, pese a que contó que les aseguraron que no se tocará el IVA ni el gravamen del cuatro por mil. Así mismo, dejó claro que que los detalles completos de esta ley aún no han sido socializados, lo que genera preocupación en las comisiones económicas sobre su viabilidad y efecto en el recaudo proyectado.

“Le hemos pedido al ministro (Ricardo Bonilla) que nos socialice la ley de financiamiento antes de aprobar el monto, porque obviamente con base en esa socialización nosotros tomaremos decisiones teniendo en cuenta a qué sectores obviamente va a afectar la implementación de esta nueva ley”, sostuvo.

Wilmer Castellanos cerró contando que las comisiones económicas conjuntas, junto con coordinadores y ponentes, están sesionando casi a diario, revisando asignaciones sector por sector y que la meta es realizar un análisis exhaustivo antes de la votación final del monto presupuestal.

Se espera que los debates formales sobre el presupuesto arranquen la semana del 11 de septiembre, tras la socialización del proyecto de ley de financiamiento por parte del Ministerio de Hacienda. Durante esos días cruciales, los congresistas buscarán conciliar las proyecciones de ingresos con las necesidades de gasto del país, a fin de aprobar un presupuesto que sea tanto ambicioso como financieramente sostenible.