En rueda de prensa, el pasado martes, la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer las decisiones que se han tomado desde la entidad en torno a temas relacionados con la ejecución de los recursos públicos.
En el marco del evento, el vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, pidió a la Contraloría Delegada para la Gestión Pública que se le solicite al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y a la Cancillería un informe sobre los gastos de las primeras damas.
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Según explicó Zuluaga, se requerirán detalles sobre los viajes, misiones especiales, comisiones y delegaciones de estado que hayan realizado las esposas del presidente Gustavo Petro y los expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos. Esto con el fin de obtener una trazabilidad del dinero utilizado con estos fines en sus respectivos espacios de gobierno.
“El objetivo de este requerimiento es tener información detallada de cuál ha sido la diferencia entre un Gobierno y otro y cuándo ha podido o no configurarse un detrimento patrimonial”, señaló el vicecontralor en el encuentro.
Veronica Alcocer, primera dama de la República
Este pedido se presenta un día después de que la Procuraduría General de la Nación pidió frenar los gastos de viaje de la actual primera dama, Verónica Alcocer.
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La decisión de la Procuraduría se da tras estudiar una demanda en proceso, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que evalúa acabar con los viáticos de la esposa del presidente Petro por no ser servidora pública.
Según la demandante, los viajes de Alcocer violan el artículo 126 de la Constitución que dicta que “los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”.
Por estos hechos, Juan Carlos Villamil, procurador 135 Judicial para asuntos administrativos de Bogotá, expidió un concepto en el que destaca que “el señor presidente de la República infringió la normatividad vigente, pues al ser un servidor público y actuar en ejercicio de sus funciones expidió un Decreto en el que designa o nombra como Embajadora de Misión Especial a su esposa, Verónica Alcocer, persona con la cual está ligado”.
Gustavo Petro.
Por otro lado, la CGR también informó que a través de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) se realizó una verificación y solicitud de información al Departamento de Prosperidad Social sobre contratos, con relación a la contratación y presunta malversación en el Departamento.
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Zuluaga informó que se indagará y verificará el comportamiento de los contratos con el fin de recaudar documentación e identificar se realizó una ejecución adecuada.
“Queremos descartar que no hayan existido irregularidades durante la ejecución, ni sobrecostos, ni contrataciones indebidas y que los bienes y servicios comprometidos en estos contratos y convenios se hayan cumplido en su totalidad”, expresó.
PORTAFOLIO
