La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra dos empresas, que habrían realizado prácticas anticompetitivas durante, al menos, cinco procesos de selección y ejecución, de acuerdos de precios de productos de papelería, útiles de oficina, consumibles de impresión, computadores y equipos periféricos, adelantados por Colombia Compra Eficiente.
Según la SIC, gracias a las denuncias presentadas por esta empresa las compañías sancionadas aparentaban ser competidoras cuando en realidad no lo eran.
(Lea: ‘El ciudadano debe consultar, controlar y ser veedor de los recursos públicos’).
Dice la Superindustria que todo indica que detrás de estas compañías estaba César Fernando Laguna Vargas, quien sería el controlante oculto de Comercializadora Ferlag LTDA. y de Inversiones y Suministros LM S.A.S..
Las pruebas que obran en el expediente, recolectadas en el curso de visitas administrativas de inspección, entre ellas, documentos físicos y digitales, así como correos electrónicos extraídos de los computadores de las empresas y personas inspeccionadas, darían cuenta no solo del control que Laguna Vargas ejerce sobre las empresas vinculadas con la investigación, sino también de que era él quien definía los términos y condiciones de las propuestas con las que ambas empresas participarían en los diferentes procesos de contratación.
Y es que César Fernando Laguna figura como representante legal de Ferlag LTDA mientras que su hermana, Gloria Astrid Laguna funge como gerente general de Inversiones y Suministros LM S.A.S., aunque esa circunstancia nunca fue publicada en el registro mercantil.
Además, las empresas comparten empleados a quienes, además, les otorgan cuentas de correo electrónico institucional de las dos sociedades.
Frente a esta situación, la SIC ordenó a Colombia compra eficiente a que retirara a las dos empresas de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Así mismo, se ordenó compulsar copias a la Fiscalía contra los empresarios investigados con el fin de que se adelante la respectiva investigación penal por el delito de prácticas restrictivas de la competencia al interior de procesos de contratación pública.
