El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una nueva demanda en contra de la Cancillería por el caso de la licitación para la fabricación y suministro de pasaportes.
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El TIEMPO tuvo acceso a un auto del alto tribunal en el que se señala que "se repone el auto del 27 de febrero de 2024, por medio del cual se inadmitió la demanda". Es decir, en su lugar se admite la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la Unión Temporal Pasaportes 2023 contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La reclamación es por más de 100.000 millones de pesos y también será notificado UT Pasaportes, de la que hace parte el actual contratista Thomas Greg.
En este caso, ya se vincula al canciller (e) Luis Gilberto Murillo, quien tomó la determinación de darle reversa a la decisión de José Antonio Salazar, el entonces secretario general del Ministerio, de entregarle el contrato de producción de pasaportes al grupo de Thomas Greg, pese a que esta había sido declarada desierta.
Este actuar, que revocaba el acto administrativo suscrito por el canciller (actualmente suspendido) Álvaro Leyva, derivó en que Salazar fuera removido de su cargo y fuera declarado insubsistente.
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José Antonio Salazar
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De acuerdo con el documento, "la demandante pretende que se declare la nulidad del acto administrativo que declaró desierto el proceso de Licitación Pública No. LP-001-20232, con el consecuente restablecimiento del derecho. También pretende que, en caso de que la entidad demandada no accediera a la revocatoria directa de la decisión, se declare la nulidad de la Resolución que así lo resuelva".
Los argumentos de la demanda se concentran de nuevo en que la UT Pasaportes 2023 participó y resultó elegible dentro de un proceso licitatorio que cumplió con todos los requisitos de ley.
No obstante, en diferentes oportunidades, el gobierno Petro ha sido enfático al señalar que no entregará licitaciones con un solo oferente.
Otra de las razones en las que se respalda la demanda, según explica la parte demandante, es que aun de aceptarse que los actos administrativos demandados perdieron fuerza ejecutoria, surtieron efecto durante un periodo en el que estuvieron bajo la presunción de legalidad, por lo que son susceptibles de control judicial.
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